La creciente ola de violencia e intimidación contra figuras públicas en México ha alcanzado un nuevo nivel de gravedad. La diputada federal María Teresa Ealy Díaz, valiente voz del partido Morena, ha denunciado públicamente haber recibido una amenaza de muerte directa, un acto cobarde que busca silenciar su lucha contra la corrupción y la violencia. Este alarmante incidente no solo pone en peligro la vida de la diputada y su familia, sino que también atenta contra los fundamentos mismos de nuestra democracia.

El mensaje, cargado de un lenguaje misógino y violento, no se limita a una simple intimidación. Revela un seguimiento preciso de la diputada, mencionando detalles sobre su domicilio, vehículo y rutinas. Esta vigilancia constante, claramente orquestada, demuestra la audacia de quienes buscan sembrar el miedo y la autocensura entre nuestros representantes. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando quienes nos representan son blanco de estas agresiones? ¿Cómo podemos aspirar a un país justo y democrático si permitimos que el miedo silencie las voces críticas?

La diputada Ealy Díaz, con la valentía que la caracteriza, ha responsabilizado directamente a las autoridades competentes de cualquier cosa que le ocurra a ella, a su familia o a su equipo de trabajo. Esta declaración, lejos de ser una simple advertencia, es un llamado urgente a la acción. La Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen la obligación de tomar cartas en el asunto y garantizar la protección de la diputada y una investigación exhaustiva que lleve a la captura de los responsables. No podemos permitir que este caso se sume a la larga lista de impunidad que azota a nuestro país.

La denuncia de la diputada Ealy Díaz trasciende lo individual y se convierte en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la violencia que enfrentan las mujeres en la política. Es un recordatorio de los riesgos que asumen quienes se atreven a alzar la voz contra las injusticias y los abusos de poder. Su llamado a la solidaridad de sus colegas legisladores, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales es un llamado a la unidad, a la defensa de la democracia y a la protección de quienes luchan por un México más justo y equitativo.

No podemos permanecer indiferentes ante este ataque. La libertad de expresión y el ejercicio de la función legislativa son pilares fundamentales de nuestra sociedad y deben ser protegidos a toda costa. Es imperativo que la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional se unan en un frente común para exigir justicia y garantías de seguridad para la diputada Ealy Díaz y para todos aquellos que, como ella, se atreven a desafiar la oscuridad de la corrupción y la violencia. El silencio nos hace cómplices. La acción nos hace ciudadanos.