La reciente controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), junto con una coalición de representantes municipales, ha encendido el debate en torno a la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. La preocupación central radica en la supuesta vulneración del derecho ciudadano a la información y la concentración de facultades en manos del oficialismo, poniendo en jaque la autonomía municipal.

Según Tabe, las modificaciones a la ley no solo pisotean el municipalismo, sino que convierten la transparencia en una herramienta política sujeta a la discrecionalidad del poder. El acceso a la información pública, un pilar fundamental de la democracia, quedaría a merced de la voluntad política, susceptible a la manipulación y al intercambio de favores. "Se utiliza el discurso tramposo de la austeridad para pisotear un derecho", afirma Tabe, denunciando una estrategia que encubre un ataque a la transparencia y a la autonomía de los municipios.

La coalición de alcaldes argumenta que la nueva ley centraliza el control de la información, limitando la capacidad de los municipios para gestionar sus propios procesos de transparencia. Esta concentración de poder, advierten, no solo debilita a los gobiernos locales, sino que también afecta directamente al ciudadano, quien ve mermado su derecho a acceder a información crucial para el escrutinio público y la rendición de cuentas.

Lorena Alfaro, vicepresidenta de la ANAC y presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato, se suma a la voz de protesta, defendiendo la autonomía constitucional de los municipios en materia de transparencia. Alfaro celebra la iniciativa de la ANAC y la liderazgo de Tabe, destacando la importancia de la unidad municipal frente a lo que considera un embate contra el federalismo.

Desde Chihuahua, Roberto Fuentes, Secretario del Ayuntamiento, representando al alcalde Marco Bonilla, refuerza la postura de los municipios como órdenes de gobierno con facultades propias, no como entes subordinados. Fuentes argumenta que la nueva ley impone obligaciones y procesos desproporcionados a la realidad operativa y financiera de los municipios, violentando los principios del federalismo cooperativo. La solicitud a la SCJN es clara: un fallo equilibrado que garantice el derecho a la información, pero que al mismo tiempo respete la autonomía municipal.

La controversia constitucional presentada ante la SCJN plantea un dilema crucial: ¿cómo equilibrar la necesidad de una gestión eficiente de la información con la garantía del derecho ciudadano a la transparencia y la autonomía de los gobiernos locales? La decisión de la Corte tendrá un impacto significativo en el futuro del federalismo y en la manera en que los ciudadanos acceden a la información pública. La presencia de representantes de diversos municipios del país, desde Atizapán hasta Zacatecas, pasando por Morelia, Huixquilucan, San Juan de los Lagos, Benito Juárez y muchos más, demuestra la trascendencia de este debate y la unión de los gobiernos locales en defensa de sus facultades y de los derechos ciudadanos. El debate está abierto y la SCJN tiene la palabra.