El horror que se vivió en el Colegio Particular “Francoise Dolto” de Oaxaca nos hiela la sangre. No podemos hablar de un simple accidente, estamos frente a un acto de negligencia criminal, agravado por una red de silencios y complicidades que buscan, a toda costa, impedir que la justicia llegue. Ocho infancias marcadas para siempre por las quemaduras, dos de ellas luchando por su vida, son el testimonio brutal de la irresponsabilidad de un docente que, en lugar de proteger, puso en peligro la vida de sus alumnos. Jonathan Islas Saldaña, el llamado “maestro tatuado”, jugó con fuego, literalmente, y desató una tragedia. Arrojar alcohol a una fogata con niños presentes demuestra no solo una imprudencia extrema, sino una total falta de conciencia sobre las consecuencias de sus actos. Y lo que es aún más alarmante, después de la tragedia, huyó, abandonando a su suerte a las víctimas, escondiéndose en las sombras de la impunidad.

La actitud de la directora del plantel, Ariela Sánchez Moreno, esposa del presunto responsable, es indigna de su cargo. En lugar de brindar apoyo y colaborar con la justicia, ha optado por el silencio y la obstrucción, encubriendo la fuga de su esposo y dificultando las investigaciones. ¿Cómo podemos confiar en un sistema educativo donde los directivos protegen a los agresores y dan la espalda a las víctimas? Señora Sánchez Moreno, su silencio es cómplice, su inacción la convierte en parte del problema.

La tibieza de la respuesta de las autoridades es inadmisible. El fiscal general, José Bernardo Rodríguez Alamilla, se limita a decir que las investigaciones están en curso. ¿En curso hacia dónde? Mientras tanto, el responsable sigue prófugo, las niñas siguen hospitalizadas y la indignación de la sociedad crece. ¿Esperan que la presión social disminuya? ¿Esperan que el dolor de las familias se apague? No lo permitiremos. Exigimos justicia, exigimos resultados, exigimos que Jonathan Islas Saldaña sea detenido y enfrente las consecuencias de sus actos.

La ausencia del presidente municipal de Oaxaca, Raymundo Chagoya Villanueva, es decepcionante. ¿Dónde está la solidaridad con las familias afectadas? ¿Dónde está la contundencia que se espera de una autoridad ante un caso tan grave? Tenía la facultad de clausurar el colegio y presentar una denuncia, pero prefirió la inacción. Señor Chagoya, su silencio lo hace cómplice de esta tragedia.

Y qué decir de la secretaria de Educación estatal, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. Su indiferencia es insultante. Ni una sola declaración, ni una sola visita a las víctimas, ni una sola exigencia de justicia. Señora Guzmán, su silencio es imperdonable. La educación de nuestros hijos no puede estar en manos de alguien que mira hacia otro lado ante el sufrimiento de las familias oaxaqueñas.

Este caso ha trascendido los muros del Colegio “Francoise Dolto”. Se ha convertido en un símbolo de la vulnerabilidad de nuestros niños y de la impunidad que prevalece en nuestro sistema educativo. Padres de familia de diversas escuelas, tanto públicas como privadas, se organizan para exigir una auditoría completa al sistema de supervisión escolar. Exigen garantías de seguridad para sus hijos, exigen que se depuren las responsabilidades y se implementen medidas para que esta tragedia no se repita.

El llamado al secretario de Educación federal, Mario Delgado, es urgente. La sociedad oaxaqueña necesita su intervención. Necesitamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad y garantice justicia para las víctimas. No podemos permitir que la indiferencia y la impunidad se impongan. La vida y la seguridad de nuestros niños están en juego.