La sombra de la polémica se cierne sobre Los Alegres del Barranco. No solo las notas de sus narcocorridos resuenan en el aire, sino también las acusaciones de apología del delito que la Fiscalía General de Jalisco ha interpuesto contra ellos, su representante y el promotor de sus conciertos. La situación, que comenzó con la proyección de imágenes de líderes del crimen organizado durante una presentación en el Auditorio Telmex en marzo, se ha agravado con recientes eventos en Cihuatlán y Tequila, donde presuntamente incitaron al público a cantar corridos que hacen alusión a figuras del narcotráfico, en una suerte de "narcokaraoke".

Este último detalle, el del karaoke con letras de narcocorridos, ha encendido aún más la controversia. ¿Se trata de una simple animación para el público o una deliberada promoción de la cultura del narco? La Fiscalía, al parecer, se inclina por la segunda opción, y el juez a cargo del caso ha considerado que existen suficientes pruebas para vincularlos a proceso y dictar prisión preventiva justificada. La imagen de los músicos frente a un juez, abstuviéndose de declarar, añade un halo de misterio al caso. ¿Guardan silencio por estrategia legal o porque las acusaciones son irrefutables?

Mientras tanto, la justicia ha impuesto medidas cautelares: prohibición de salir del estado y una fianza conjunta de 1 millón 800 mil pesos, una cifra considerable que pone de manifiesto la seriedad de las imputaciones. El tic-tac del reloj avanza hacia el 12 de mayo, fecha en la que Los Alegres del Barranco deberán comparecer nuevamente ante el juez. Y como si esto no fuera suficiente, se suma una nueva investigación por su presentación en Villa Purificación, requiriendo su presencia ante el Ministerio Público este mismo jueves. El cerco judicial se estrecha.

La polémica ha trascendido el ámbito legal y ha llegado a la esfera política. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, ha alzado la voz, anunciando un endurecimiento de las multas por apología del delito en conciertos masivos, incluyendo los "narcokaraokes". Sus palabras, contundentes, reflejan la preocupación de las autoridades por la creciente normalización de la cultura del narcotráfico, especialmente entre los jóvenes. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas serán suficientes para frenar este fenómeno o si, por el contrario, alimentarán la controversia y la popularidad de este tipo de música.

El caso de Los Alegres del Barranco se convierte así en un paradigma de la compleja relación entre la música, la libertad de expresión y la responsabilidad social. ¿Dónde está la línea que separa el arte de la apología del delito? ¿Es lícito cantar sobre la violencia y el narcotráfico? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando se glorifican figuras criminales? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza en la opinión pública, a la espera del desenlace de este proceso judicial que promete marcar un precedente en la industria musical mexicana. El futuro de Los Alegres del Barranco, y quizás el de otros artistas que incursionan en el género del narcocorrido, pende de un hilo. La justicia tiene la palabra.