La posibilidad de investigar a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo a la presidenta Norma Piña, ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico mexicano. La reciente reforma al Poder Judicial, y específicamente la creación del Tribunal de Disciplina, ha abierto una puerta previamente inexistente para la rendición de cuentas en el máximo órgano judicial del país. Este nuevo escenario plantea interrogantes cruciales sobre el equilibrio de poderes, la independencia judicial y el futuro de la justicia en México.

La candidata al Tribunal de Disciplina, Ariadna Camacho, ha sido una de las voces más firmes al respecto. Sus declaraciones, realizadas durante un recorrido por la alcaldía Cuauhtémoc, han resonado con fuerza al afirmar que no existen impedimentos para investigar a cualquier ministro, incluyendo a la presidenta, en caso de existir una denuncia fundamentada. Esta postura, si bien amparada por la reforma, despierta inquietudes sobre la posible politización de la justicia y la instrumentalización del Tribunal de Disciplina para fines ajenos a su función principal.

El artículo 97 constitucional, piedra angular de esta nueva facultad, establece que cualquier ciudadano o autoridad puede denunciar ante el Tribunal de Disciplina hechos que pudieran constituir responsabilidad administrativa o penal por parte de servidores públicos del Poder Judicial. Esto, sin duda, representa un avance en términos de transparencia y acceso a la justicia. Sin embargo, también plantea el desafío de garantizar la objetividad e imparcialidad en el proceso de investigación, evitando que se convierta en un instrumento de persecución política o de presiones indebidas sobre el Poder Judicial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 191, refuerza este alcance al permitir investigaciones por faltas administrativas contra cualquier servidor público del Poder Judicial, sin excepciones. La posibilidad de que el Tribunal de Disciplina solicite el inicio de un juicio político, contemplada en el artículo 154 de la misma ley, añade un elemento de mayor complejidad al panorama. Si bien se trata de un mecanismo previsto en la Constitución para la remoción de altos funcionarios, su aplicación en el caso de ministros de la Suprema Corte debe ser especialmente cuidadosa para evitar que se vulnere la independencia del Poder Judicial.

El proceso de remoción de un ministro, establecido en el artículo 110 constitucional, requiere una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la posterior aprobación del Senado. Este complejo procedimiento, diseñado para proteger la estabilidad del sistema judicial, debe ser respetado escrupulosamente para evitar que se utilice con fines políticos o partidistas.

La creación del Tribunal de Disciplina, considerado por Ariadna Camacho como el "corazón" de la reforma al Poder Judicial, es un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas en este poder del Estado. Sin embargo, su correcto funcionamiento dependerá de la imparcialidad, profesionalismo y ética de sus integrantes. Es fundamental que el Tribunal actúe con absoluta independencia y apego a la ley, evitando cualquier influencia política o presión externa. El futuro de la justicia en México depende, en gran medida, del éxito de este nuevo órgano en el cumplimiento de su delicada misión. La ciudadanía estará vigilante para garantizar que así sea.