La indignación colectiva estalló la noche del domingo en la Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa. La chispa: un supuesto acto de acoso sexual a una menor dentro de una combi. Los pasajeros, convertidos en jueces y verdugos, tomaron la justicia por su mano. Golpes, gritos y una detención ciudadana que rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando un debate sobre los límites de la justicia por propia mano y la necesidad de protocolos más efectivos para atender este tipo de delitos.

El video, crudo y explícito, muestra al presunto acosador rodeado por la multitud enfurecida. Se le acusa de haberse descubierto y realizado tocamientos a la menor. Él niega los hechos, pide que cesen los golpes, pero sus súplicas se pierden en el clamor de la indignación. La escena, a las afueras de la estación Guelatao del Metro, es un reflejo de la rabia contenida ante la impunidad que a menudo rodea a estos casos.

¿Justicia instantánea o linchamiento? La línea es delgada y el debate se enciende en redes sociales. Algunos aplauden la reacción de los pasajeros, argumentando que es la única forma de que estos depredadores sientan el peso de sus actos. Otros, en cambio, advierten sobre el peligro de la justicia por propia mano, recordando que todos tienen derecho a un debido proceso. ¿Qué hubiera pasado si se tratara de una falsa acusación? ¿Quién protege al inocente ante la furia colectiva?

Más allá de la polémica, este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente las menores, en el transporte público. La combi, un espacio de tránsito cotidiano, se convierte en escenario de una violencia silenciosa y normalizada. La falta de protocolos claros, la demora en la respuesta de las autoridades y la renuencia a denunciar por miedo o desconfianza, contribuyen a perpetuar este ciclo de impunidad.

La incertidumbre sobre el futuro del detenido añade otra capa de complejidad al caso. Se desconoce si la menor y su familia presentaron una denuncia formal. Sin ella, es probable que el presunto acosador quede en libertad, alimentando la frustración y la sensación de que la justicia no llega.

Este incidente, más allá de lo viral, debe ser un llamado a la reflexión. Un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de seguridad en el transporte público, a la sociedad para erradicar la cultura de la impunidad y a todos nosotros para ser parte de la solución, no del problema. ¿Cómo podemos construir un espacio público seguro para todos? ¿Cómo garantizamos que la justicia se aplique con rigor, pero también con respeto a los derechos de todos los involucrados? La respuesta, sin duda, es un desafío colectivo que exige compromiso y acción. El silencio, la indiferencia y la normalización de la violencia no son opciones.