Un manto de incertidumbre cubre a casi un millón de familias mexicanas. 933,000 viviendas, un número que impacta por su magnitud, se encuentran atrapadas en una maraña de problemas jurídicos, según las recientes declaraciones del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. Imaginen la angustia de quienes, a pesar de haber invertido sus ahorros y esfuerzos en la búsqueda de un hogar, se ven imposibilitados para ejercer plenamente sus derechos sobre él. Casas adjudicadas sin escriturar, deudas que parecen no tener fin, juicios que se prolongan indefinidamente, son solo algunas de las pesadillas que enfrentan estos derechohabientes.

El panorama que describe Romero Oropeza es complejo y preocupante. 131,000 viviendas siguen enfrascadas en juicios masivos, un proceso que puede extenderse por años y consumir los recursos de las familias. A otras 216,000, a pesar de haber sido retiradas a sus dueños originales, el Infonavit no las puede escriturar debido a la sombra de la fraudulencia que se cierne sobre los juicios. Y la situación se agrava aún más con las casi 500,000 viviendas cuyos propietarios han dejado de pagar durante años, sumiéndose en una espiral de deuda de la que parece imposible escapar. A este escenario se suman las casi 90,000 viviendas del FOVISSSTE, también con sus propias problemáticas, completando un mosaico de incertidumbre y desesperación para miles de familias.

Ante esta crisis habitacional, la Secretaría de Bienestar, liderada por Ariadna Montiel Reyes, ha tomado la iniciativa de realizar un censo para dimensionar la magnitud del problema y buscar soluciones. Un ejército de más de mil 600 servidores de la nación se despliega por todo el territorio nacional, recorriendo casa por casa, identificando las viviendas afectadas y escuchando las historias de quienes se han visto atrapados en esta red de irregularidades. La tarea no es sencilla, requiere un esfuerzo titánico para llegar a cada rincón del país, a cada una de las 255 zonas del bienestar identificadas, y brindar la atención necesaria a las familias afectadas.

El censo, que ya ha alcanzado a más de 47,000 viviendas, revela una realidad alarmante: el 87% de estas viviendas están ocupadas, lo que significa que familias enteras viven en la incertidumbre, sin la seguridad jurídica que les brinda la propiedad de su hogar. El 13% restante, aunque desocupadas, representan un capital inmobiliario congelado, un reflejo palpable de la magnitud del problema.

Montiel Reyes hace un llamado a la precaución, alertando sobre la presencia de gestores que buscan aprovecharse de la desesperación de las familias. "Tengan cuidado con los gestores", advierte, recordando la importancia de confiar únicamente en los canales oficiales y en los servidores de la nación, identificables por sus chalecos distintivos.

En paralelo a estas acciones, el Infonavit avanza en las demandas contra los despachos involucrados en la red de corrupción que ha contribuido a esta crisis. Se han presentado al menos 40 demandas, buscando justicia para los 373,000 derechohabientes afectados y la recuperación de los 29,000 millones de pesos perdidos por el gasto irregular.

La lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector de la vivienda es un compromiso ineludible. Se trata de garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los mexicanos, un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por la avaricia y la deshonestidad de unos pocos. El camino es largo y complejo, pero la esperanza se mantiene viva en la búsqueda de soluciones que permitan a miles de familias recuperar la tranquilidad y la seguridad de un hogar propio.