La tragedia ocurrida en el Colegio Particular Francoise Dolton de Oaxaca ha destapado una olla de irregularidades que pone en jaque la seguridad y el bienestar de nuestros niños. El operar en la clandestinidad, a pesar de haber recibido la regularización del IEEPO en 2023, es una señal alarmante de la falta de compromiso con las normas y la supervisión adecuada. ¿Cómo es posible que una institución educativa, responsable de la formación de menores, funcione al margen de la ley, poniendo en riesgo la integridad de sus alumnos?

La cronología de los hechos, presentada por el director del IEEPO, Emilio Montero Pérez, es escalofriante. Desde el cambio de domicilio no reportado en 2015, la suspensión de la clave escolar, la restitución de la misma por orden de la DDHPO en 2018, hasta la solicitud de certificación de estudiantes en 2024, todo apunta a una historia de inconsistencias y falta de transparencia. ¿Qué papel jugó la Defensoría en la restitución de la clave escolar? ¿Se realizó una investigación exhaustiva antes de tomar esa decisión? Son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes.

La declaración del gobernador Salomón Jara Cruz, de revisar todas las escuelas privadas del estado, es un paso necesario, aunque llega tarde para los ocho niños y niñas que sufrieron quemaduras graves. No basta con buenas intenciones, se necesita un plan de acción concreto y eficaz para asegurar que ninguna otra institución opere en la clandestinidad. ¿Cuáles serán los mecanismos de supervisión? ¿Qué sanciones se aplicarán a las escuelas que incumplan las normativas? La comunidad exige transparencia y resultados.

La cifra de 79 instituciones con claves irregulares, revelada por el director del IEEPO, es simplemente inaceptable. Es un reflejo de un sistema con fallas profundas, que permite que colegios operen en la sombra, sin las garantías mínimas de seguridad y calidad educativa. ¿Qué medidas se tomarán para regularizar estas instituciones? ¿Se revisarán a fondo sus condiciones de operación y la idoneidad de su personal? La seguridad de nuestros hijos no puede ser negociable.

Por otro lado, la Fiscalía, a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente para deslindar responsabilidades. Si bien se han presentado seis denuncias y se cuenta con 50 datos de prueba, la falta de información sobre el paradero del profesor responsable del accidente genera inquietud y desconfianza. ¿Se está haciendo todo lo posible para localizarlo y presentarlo ante la justicia? ¿Se garantizará que las víctimas y sus familias reciban la reparación del daño integral? La justicia debe ser pronta y expedita.

La tragedia del Colegio Francoise Dolton es un llamado de atención urgente a las autoridades. Es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión, aplicar sanciones ejemplares a quienes incumplan la ley y, sobre todo, priorizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños. No podemos permitir que la educación se convierta en un juego de azar, donde la vida de nuestros hijos esté en riesgo.