La presión del presidente Trump sobre México en cuanto al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 pone en relieve una situación preocupante: la explotación desmedida de los recursos hídricos nacionales por parte de empresas extranjeras. México se ha convertido en un verdadero paraíso hidráulico para multinacionales, especialmente del sector refresquero y embotellador, gracias a una combinación de bajos impuestos y una supervisión, por decirlo suavemente, laxa por parte de las autoridades federales.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) parece más interesada en favorecer a estas industrias que en proteger el patrimonio hídrico del país. Un ejemplo flagrante es el caso de Niagara Bottling, a la que se le otorgó un permiso para extraer la exorbitante cantidad de casi tres mil millones de litros de agua al año en Soyaniquilpan de Juárez, un municipio mexiquense que sufre de escasez hídrica. Para dimensionar esta cifra, recordemos que el consumo nacional de agua embotellada en México ronda los cinco mil millones de litros anuales. Niagara Bottling, por sí sola, extrae más de la mitad de esa cantidad.

La pregunta lógica es: ¿a dónde va a parar toda esa agua? La respuesta es simple: al mercado estadounidense. Niagara Bottling vende el agua extraída en México como agua de manantial a precios elevados en Estados Unidos, mientras que en Soyaniquilpan, muchos habitantes carecen de acceso a agua potable. Y para colmo, la exportación de esta agua está libre de aranceles. Un negocio redondo, a costa del pueblo mexicano.

¿Es esto legal? La Conagua, sin mayor fundamento, dice que sí. Sin embargo, la jueza Pamela López Swain, del Cuarto Distrito en el Estado de México, piensa diferente. Ha concedido un amparo a un colectivo campesino que defiende la soberanía del agua en el Estado de México. La jueza considera excesivo el volumen de agua otorgado a Niagara Bottling y ha ordenado a la Conagua realizar estudios para determinar la disponibilidad real de agua en la zona. Si se comprueba que la extracción afecta el consumo de la población, el permiso de Niagara Bottling debería ser cancelado.

Sin embargo, la sentencia aún no se ejecuta porque tanto la embotelladora como la Conagua la han impugnado. Esta actitud de la Conagua, defendiendo los intereses de una empresa extranjera por encima de las necesidades de la población, es, cuanto menos, cuestionable. En el contexto de la presión de Trump, México debe revaluar su posición y defender sus recursos hídricos con firmeza.

Por otro lado, los resultados del primer trimestre de Pemex confirman la preocupante situación de la petrolera. La deuda con proveedores a corto plazo se redujo solo un 20%, lejos de la meta del 50%. La producción de hidrocarburos sigue en descenso, alcanzando apenas 1.6 millones de barriles diarios. El número de pozos terminados y de equipos de perforación en operación ha disminuido drásticamente, lo que ha llevado a suspensiones y despidos masivos en empresas que prestan servicios a Pemex. La petrolera reportó una pérdida neta de más de 43 mil millones de pesos, equivalente a más de dos mil cien millones de dólares. La situación es crítica y requiere de acciones contundentes.

En el ámbito de los medios de comunicación, Radiópolis se prepara para una profunda renovación con el objetivo de mantener su liderazgo, incrementar su rentabilidad y entrar de lleno en la digitalización. La próxima contratación de Gonzalo Cárdenas como nuevo director general marca el inicio de esta nueva etapa. Cárdenas, consultor de medios con amplia experiencia en Estados Unidos y México, llega con la misión de consolidar a Radiópolis y elevar su facturación. Se espera una reestructuración del personal y un fortalecimiento de la alianza comercial con Azteca Media.

Finalmente, una importante victoria para la comunidad LGBT y la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha logrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de Leonardo Poblete Galván contra el banco suizo UBS, la Corte ha establecido un precedente al declarar la inconstitucionalidad de un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, abriendo la puerta a la vinculación a proceso de personas jurídicas por discriminación corporativa. Este fallo sienta las bases para que las empresas sean responsabilizadas por la violación de derechos humanos y promueve una mayor sensibilidad corporativa en México.