La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el panorama empresarial de Baja California. La posible eliminación del Fideicomiso Empresarial (FIDEM), anunciada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha generado una profunda inquietud en el sector privado, responsable del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. Se percibe en el aire una sensación de desconcierto, casi de incredulidad, ante la posibilidad de perder una herramienta que durante 25 años ha impulsado el desarrollo económico, la seguridad pública y la educación en la región.

Desde las trincheras del empresariado, se alzan voces que reclaman un diálogo abierto y transparente con la mandataria estatal. No se busca la confrontación, sino la comprensión. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la propuesta de desaparición del FIDEM? ¿Se han considerado las consecuencias de esta decisión? Estas son algunas de las preguntas que resuenan en los pasillos de las cámaras empresariales, esperando encontrar respuesta en un encuentro directo con la Gobernadora.

El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE) y coordinador del Consejo Técnico Estatal de los CCE’s, ha tomado las riendas de la situación, liderando la reunión plenaria estatal donde se ha expresado la preocupación colectiva del sector. Fritch ha desmentido categóricamente las acusaciones de manejo unilateral del FIDEM por parte del sector privado, destacando la existencia de un comité técnico, integrado por la propia Gobernadora y cuatro secretarías, que supervisa la distribución de los recursos. Transparencia y control, dos palabras clave que buscan disipar las dudas y restablecer la confianza.

Pero la preocupación del sector empresarial no se limita al FIDEM. El Impuesto sobre Nómina, con una tasa del 4.25%, se erige como otro obstáculo para la competitividad de Baja California, la cual se encuentra actualmente en el puesto 19 de 20 a nivel nacional. Una tasa que, según denuncian los empresarios, es la más alta del país y no fue consensuada con el sector, a pesar de representar a más de 320 mil empleos en la entidad. La propuesta es clara: reducir la tasa al 3% para oxigenar la economía estatal y recuperar la competitividad perdida.

Joel Villalobos Gutiérrez, presidente del CCE Tecate, pone el dedo en la llaga al señalar el cierre de aproximadamente 2,400 empresas y la pérdida de más de 25 mil empleos en el último año. Cifras alarmantes que pintan un panorama sombrío y refuerzan la urgencia de tomar medidas que reactiven el motor económico de la región.

La carta enviada a la Gobernadora, a la presidenta del Congreso de Baja California y a la presidenta de la Comisión de Hacienda, refleja la firme determinación del sector empresarial de encontrar una solución conjunta a estos desafíos. En ella, se solicita una reunión para abordar los temas cruciales que afectan la economía estatal y conocer el destino de los 12,200 millones de pesos que se prevé recaudar con el actual impuesto en 2025.

El futuro de Baja California se juega en esta partida. El sector empresarial, con la vista puesta en el desarrollo y la generación de empleos, apuesta por el diálogo y la colaboración para construir un futuro próspero para la región. La pregunta que queda en el aire es: ¿estará el gobierno dispuesto a escuchar y trabajar en conjunto para alcanzar este objetivo común? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.