La sombra del autoritarismo se cierne sobre México. No se trata de una exageración, ni de un discurso alarmista, sino de una lectura atenta y preocupante de la propuesta de Ley de Telecomunicaciones que la Presidenta ha enviado al Senado. Inicialmente, abrigué la esperanza de que se tratara de un intento por conciliar las promesas de campaña con los compromisos heredados de la administración anterior, cuyas iniciativas en materia de telecomunicaciones, particularmente las del 5 de febrero de 2024, considero un peligroso retroceso en materia de libertades. Sin embargo, la realidad es mucho más inquietante: esta ley, surgida directamente de la pluma presidencial, revela una clara tendencia autoritaria que amenaza con desmantelar las instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido para garantizar el equilibrio democrático y los derechos ciudadanos.

No podemos permitir que se reescriba la historia de México, ignorando la larga y ardua lucha por la pluralidad y la democracia. Generaciones de académicos, periodistas, políticos de todos los colores y una sociedad civil vibrante han impulsado la creación de instituciones diseñadas precisamente para limitar el poder y evitar los abusos. El oficialismo insiste en comparar el presente con un pasado remoto, con el México de hace 50 años, como si el tiempo se hubiera detenido y los avances en materia de derechos y libertades, así como la profunda transformación que ha supuesto la era digital, no existieran. Es una comparación falaz que busca justificar un retroceso inaceptable.

Recordemos la reforma constitucional de 2013 a los artículos 6 y 7, impulsada por el PAN y el PRI, que fortaleció el derecho a la información y dio origen al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un órgano autónomo fundamental para la regulación del sector. Esta nueva ley pretende desmantelarlo, concentrando el poder en manos del gobierno. No es casualidad que también busque reintroducir el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ahora disfrazado bajo el nombre de Registro de Usuarios del Servicio Móvil, una medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en 2022 por atentar contra la privacidad de los ciudadanos. ¿Pretende el oficialismo que una Corte, ahora con una composición más afín, ignore este precedente y valide lo que ya ha sido considerado inconstitucional? Es una pregunta que debe preocuparnos profundamente.

La concentración de poder que propone esta iniciativa es alarmante. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Peña Merino, recibiría más de 60 atribuciones regulatorias, convirtiéndose en un superorganismo con un control desmedido sobre el sector. Lejos de ser un órgano técnico, como se pretende presentar, se perfila como un instrumento de control ideológico, centralizando funciones que actualmente corresponden al INE, al IFT, a la COFECE, al RENAPO y a la SICT. A esto se suma la intención de controlar la identidad ciudadana a través de la CURP digital, contemplada en la Ley General de Población, y la recién aprobada Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que introduce una nueva firma digital que eventualmente reemplazará a la emitida por el SAT. La SICT, irónicamente, solo conservaría la "I" de infraestructura.

El oficialismo niega cualquier intención autoritaria, pero sus acciones hablan por sí solas. La elección de cuatro jueces y tres magistrados especializados en telecomunicaciones, prevista para el 1 de junio, se limitará a los habitantes de cuatro alcaldías de la Ciudad de México: Tlalpan, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, esta última un bastión del partido en el poder. El sector de las telecomunicaciones mueve 600 mil millones de pesos anuales, y esta decisión, que restringe la participación ciudadana en un asunto de relevancia nacional, levanta serias sospechas. El INE, ese que "no se toca", resulta que sí se manosea. El Instituto debe explicar por qué solo una fracción de la población podrá votar en esta elección, cuando la competencia de estos jueces es a nivel nacional. ¿Acaso el resto de la población no forma parte del pueblo?

Nos encontramos en una encrucijada. Debemos defender nuestras libertades y el equilibrio democrático. No podemos permitir que el autoritarismo se instale en México bajo el disfraz de la transformación. Es nuestro deber alzar la voz y exigir respeto a nuestros derechos.