La situación migratoria en la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico, con cientos de personas buscando refugio y una mejor vida. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha afirmado que se está trabajando arduamente para mejorar las condiciones de vida de los migrantes, con la firme consigna de que ningún migrante deba vivir en las calles. Sin embargo, la realidad que se vive en los campamentos improvisados, como los ubicados en Avenida de los Cien Metros, Plaza de la Soledad y la colonia Vallejo, dista mucho de ser ideal. Estos espacios representan un riesgo considerable, especialmente para los niños y niñas, expuestos a las inclemencias del tiempo, la inseguridad y la falta de acceso a servicios básicos.

La complejidad de la situación se agrava con la reciente decisión judicial que impide el desalojo de 250 migrantes en la colonia Vallejo. Este grupo, compuesto por personas provenientes de Colombia, Venezuela, Ecuador y Honduras, obtuvo un amparo que les permite permanecer en el campamento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por trasladarlos a un albergue en la colonia Peralvillo. La Jefa de Gobierno ha expresado su preocupación por la postura del Instituto de la Defensoría Pública, acusándolo de obstaculizar las acciones de reubicación y, en sus palabras, "entorpecer la dignidad de la vida de los migrantes". La batalla legal apenas comienza, y el equipo jurídico del gobierno capitalino ya trabaja en la búsqueda de una solución que permita brindar a estas personas una vida digna.

A pesar de los obstáculos, se han logrado avances significativos. El Coordinador General para la Atención a la Movilidad Humana, Temístocles Villanueva, ha destacado la implementación de un decálogo para garantizar la dignidad de las personas en situación de movilidad. Este conjunto de diez acciones busca, entre otras cosas, asegurar el derecho a la identidad, facilitar la realización de trámites, promover una migración segura en espacios dignos, crear una instancia de gobierno especializada y garantizar el acceso a la salud integral y la vinculación laboral.

La meta es clara: que ningún migrante viva en las calles. Para lograrlo, se han implementado protocolos específicos para el traslado de personas en espacios públicos y se han habilitado dos albergues que han logrado alojar al 85% de la población migrante. Además, se ha trabajado en la integración de niños, niñas y adolescentes a las escuelas públicas de la capital, brindándoles la oportunidad de continuar con su educación. Si bien aún quedan 450 personas viviendo en campamentos, representando el 15% de la población migrante en la ciudad, la administración se mantiene firme en su compromiso de brindarles una alternativa digna y segura.

El camino hacia una solución integral para la situación migratoria en la Ciudad de México es largo y complejo. Se requiere la colaboración de diferentes instancias gubernamentales, organizaciones civiles y la sociedad en general. La búsqueda de un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos, la atención a las necesidades de la población migrante y la gestión ordenada de la ciudad es un desafío que exige un esfuerzo conjunto y una visión humanitaria. La esperanza reside en que, a través del diálogo y la acción conjunta, se logre construir una ciudad incluyente y solidaria, donde todas las personas, sin importar su origen, puedan vivir con dignidad y seguridad.