En un contexto global donde la libertad de expresión se ve cada vez más amenazada, la decisión de pausar la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México representa un respiro y una oportunidad crucial para el fortalecimiento democrático. La propuesta original, con sus disposiciones ambiguas sobre el bloqueo de plataformas digitales, generaba una inquietante incertidumbre sobre el futuro del derecho a la información y la libertad de expresión en el país. Imaginemos un escenario donde el acceso a la información, a la diversidad de opiniones y al debate público se viera restringido arbitrariamente. Las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para la libertad individual, sino también para la salud de la democracia misma.

La preocupación expresada por la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de Stanford no se limita a la vaguedad de la ley propuesta, sino que apunta a un problema de fondo: la necesidad de que cualquier regulación en este ámbito se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. Estos estándares, consagrados en tratados y jurisprudencia de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son meras formalidades, sino la base sobre la que se construye una sociedad libre y democrática. La libertad de expresión, como lo ha señalado la Corte Interamericana, no es solo un derecho individual, sino la piedra angular de una sociedad democrática. Sin ella, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control del poder público se vuelven imposibles.

La decisión de abrir un espacio de diálogo con los actores involucrados es un paso en la dirección correcta. Este diálogo debe ser genuino, inclusivo y transparente, y debe centrarse en el análisis riguroso de la iniciativa desde la perspectiva de los derechos humanos. No se trata simplemente de realizar ajustes cosméticos a la propuesta original, sino de replantearla desde sus fundamentos, asegurando que cualquier restricción a la libertad de expresión sea excepcional, justificada y sujeta a un control judicial efectivo. El futuro de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para proteger y promover la libertad de expresión en el entorno digital.

Es fundamental recordar que la tecnología, en particular las plataformas digitales, ha transformado la forma en que nos comunicamos, nos informamos y participamos en la vida pública. La regulación de este espacio no puede ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para garantizar que la tecnología se utilice al servicio de la democracia y los derechos humanos. La experiencia internacional nos muestra que la censura y el control arbitrario de la información no solo son ineficaces, sino que pueden tener consecuencias negativas para la innovación, el desarrollo económico y la cohesión social.

La pausa en el proceso legislativo nos ofrece una ventana de oportunidad para construir un marco legal que, en lugar de restringir la libertad de expresión, la fortalezca. Un marco legal que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el debate público. La tarea que tenemos por delante es compleja, pero esencial para el futuro de México. El llamado de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de Stanford a poner la dignidad de la persona y la función pública de la comunicación en el centro del debate es un recordatorio de lo que está en juego.