Un escalofriante manto de silencio ha cubierto durante demasiado tiempo la atroz realidad de la explotación sexual infantil en nuestros destinos turísticos. Se estima que 20 mil niñas y niños son víctimas de este horrendo delito, un número que nos interpela como sociedad y nos exige actuar con contundencia. La Diputada Tania Palacios Kuri, del Partido Acción Nacional, ha dado un paso crucial en la lucha contra esta lacra al impulsar un dictamen aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa no es solo un conjunto de leyes, es una declaración de guerra contra la impunidad y una promesa de protección para las infancias vulneradas.

La magnitud del problema es abrumadora. Se calcula que 600 millones de turistas visitan México con motivaciones sexuales, y entre ellos, una cifra aún desconocida pero sin duda alarmante, busca perpetrar abusos contra menores. Estos actos, que ocurren en la sombra, deben ser sacados a la luz y enfrentados con la fuerza de la ley. El dictamen de la Diputada Palacios Kuri busca romper ese silencio cómplice y construir un sistema de protección robusto y eficaz.

La estrategia se centra en reforzar los mecanismos de seguridad y establecer protocolos de verificación en puntos clave del sector turístico. Hoteles, terminales de autobuses, aeropuertos, todos estos espacios serán objeto de una vigilancia más estricta. Se implementarán controles para verificar la legalidad de la compañía de un menor cuando viaja con un adulto, y se aplicarán sanciones que irán incrementando su severidad con el objetivo de disuadir a los potenciales agresores. La Diputada Palacios Kuri ha enfatizado la importancia de activar un protocolo de actuación en caso de que no se pueda verificar la legalidad de la compañía, garantizando así la protección inmediata del menor.

Este blindaje en el sector turístico pretende cerrar las puertas a los pederastas y abrirlas, en cambio, a la esperanza de rescate para las miles de niñas y niños que actualmente son víctimas de explotación. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de prevenir el delito y ofrecer una ruta de acceso a la justicia y la recuperación para quienes han sufrido este trauma. La iniciativa busca tejer una red de protección que abarque todos los ámbitos, desde la prevención y la detección temprana hasta la atención integral a las víctimas.

La aprobación unánime del dictamen es un signo esperanzador, un testimonio de la voluntad política de combatir este flagelo. Sin embargo, el verdadero desafío reside en la implementación efectiva de estas medidas. Es fundamental que las autoridades, el sector turístico y la sociedad en su conjunto trabajen de manera coordinada para garantizar que este dictamen se traduzca en una realidad tangible. La protección de la infancia es una responsabilidad compartida, y solo a través de un esfuerzo conjunto podremos erradicar la explotación sexual infantil y construir un futuro más seguro para nuestros niños y niñas. Es tiempo de pasar de las palabras a la acción, de convertir la indignación en compromiso y la esperanza en resultados concretos. El futuro de miles de niños y niñas depende de ello.