La desaparición del INAI y su transformación en "Transparencia para el Pueblo" ha generado una ola de incertidumbre en torno al acceso a la información pública. Si bien la suspensión de plazos para la resolución de recursos y denuncias hasta junio de 2025, oficializada mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024 y la entrada en vigor de la nueva Ley General de Transparencia el 21 de marzo de 2025, podría interpretarse como un retroceso, las cifras nos cuentan una historia diferente.

Lejos de la apatía, la ciudadanía se mantiene vigilante y activa en su derecho a la información. La Plataforma Nacional de Transparencia, incluso en medio de esta transición, ha registrado un flujo constante de solicitudes. Desde el 20 de marzo hasta el 28 de abril, se han contabilizado 85,906 solicitudes de información, 4,678 recursos de revisión y la impresionante cifra de un millón 48,183 consultas en los buscadores. Además, se han cargado 536 millones 9 mil 161 obligaciones de transparencia. Estos números no mienten: el interés ciudadano por la transparencia persiste.

Es innegable que el cambio de un organismo autónomo como el INAI a uno desconcentrado bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno genera inquietudes. La independencia en la gestión de la información es crucial para garantizar la imparcialidad y evitar posibles conflictos de interés. Sin embargo, la participación ciudadana activa durante este periodo de transición se convierte en un factor clave. La constante demanda de información y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia son herramientas poderosas para asegurar que el nuevo modelo respete y garantice el derecho de acceso a la información.

La fecha límite del 3 de junio de 2025 para la resolución de recursos de revisión y denuncias contra sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal, así como el 18 de junio de 2025 para trámites ante otras autoridades garantes federales, son hitos importantes en este proceso. A partir del 19 de junio de 2025, las autoridades garantes federales deberán retomar el curso normal de sus funciones, resolviendo los recursos y denuncias pendientes.

Esta transición representa un desafío para la transparencia en México. La participación ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas serán fundamentales para consolidar un sistema que garantice el acceso a la información pública como un derecho fundamental. El futuro de la transparencia depende, en gran medida, de la vigilancia y la participación activa de todos. La transparencia, al final del día, es un asunto de todos.