Morena, el partido que nació con la promesa de transformar México, se encuentra en una encrucijada. Tras más de una década de su fundación, la dirigencia, consciente de la necesidad de una profunda autocrítica, ha decidido establecer un nuevo marco regulatorio para sus militantes. No se trata de simples sugerencias, sino de lineamientos que buscan erradicar vicios arraigados en la política mexicana: nepotismo, actos anticipados de campaña, y la ostentación de riquezas que contradice el discurso de austeridad. Gobernadores, legisladores, alcaldes, nadie está exento. La era de la ambigüedad ha terminado. Claudia Sheinbaum, desde la presidencia del partido, ha impulsado esta iniciativa con un mensaje contundente: la transformación no se limita a discursos, exige congruencia entre el decir y el hacer. El Consejo Nacional, celebrado en la Ciudad de México, ha sido el escenario donde se ha formalizado este compromiso con la ética política.

Se acabaron los aviones privados, las camionetas blindadas, las joyas ostentosas y las cenas en restaurantes exclusivos. La austeridad republicana no es un eslogan, sino una forma de vida que debe regir el actuar de todo militante de Morena. Luisa María Alcalde, al frente del Consejo, ha supervisado la aprobación de estas disposiciones que buscan blindar los procesos internos del partido contra el clientelismo, el uso ilegal de recursos y la manipulación de encuestas. Se prohíben las promesas de cargos o apoyos sociales a cambio de respaldo político, y se advierte contra el uso del emblema del partido para fines personales. La formación ética y política se convierte en un requisito indispensable para quienes aspiren a un cargo público.

La exigencia de transparencia no se limita a los militantes de Morena. Los partidos aliados, PT y PVEM, deberán acatar las mismas reglas si desean continuar navegando en el barco guinda. No habrá excepciones. Con estas medidas, Morena busca marcar una línea divisoria entre el viejo régimen que dice combatir y su propia evolución como partido en el poder. Se trata de una apuesta arriesgada, una apuesta por la credibilidad y la confianza ciudadana.

Sin embargo, el camino hacia la regeneración política no está exento de obstáculos. La pregunta crucial es cómo se garantizará el cumplimiento de estos lineamientos. Durante años, se toleraron excesos bajo el pretexto del pragmatismo electoral. Hoy, el verdadero desafío no radica en la redacción de normas, sino en su aplicación efectiva. Si Morena no logra hacer valer estas reglas, la ley de la selva seguirá imperando y el partido podría perder la esencia que lo distingue: ser diferente. El futuro de Morena, y en cierta medida el futuro de la transformación de México, depende de la capacidad de sus dirigentes para hacer de la ética política una realidad tangible.

El periodismo, pilar fundamental de una sociedad democrática, se encuentra en una situación paradójica. Mientras que su labor de informar y fiscalizar al poder se vuelve cada vez más crucial, el gremio periodístico se ve envuelto en disputas internas que erosionan su credibilidad. La confrontación entre medios y periodistas, lejos de beneficiar a la sociedad, crea un escenario propicio para la manipulación de la narrativa pública por parte de los poderes políticos y económicos.

Cuando los periodistas se enfrentan entre sí, los verdaderos perdedores son la verdad y la ciudadanía. Los códigos éticos y las reglas del periodismo no son simples formalidades, sino principios fundamentales que garantizan la integridad del oficio. Saltarse estas normas en busca de audiencias o protagonismo, especialmente a costa de colegas o medios rivales, debilita al conjunto y convierte al periodismo en una herramienta más del poder, en lugar de su contrapeso.

Estos enfrentamientos no solo erosionan la credibilidad del periodismo, sino que también distraen la atención de los temas verdaderamente importantes. Mientras los periodistas se enfrascan en disputas personales, los problemas que afectan a la sociedad quedan relegados a un segundo plano. La batalla por la audiencia no debe eclipsar la búsqueda de la verdad y la defensa del interés público.

La detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía, por su presunta vinculación con las irregularidades del "narco rancho Izaguirre", ha destapado una cloaca de corrupción e impunidad que amenaza con salpicar a las más altas esferas del poder en Jalisco. La caída de Murguía es solo la primera ficha de un dominó que podría desencadenar una serie de revelaciones que cimbrarían los cimientos del estado.

La pregunta que resuena con fuerza es: ¿hasta dónde llega la red de complicidades? Las miradas se dirigen hacia Enrique Alfaro y el exfiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Las declaraciones de José Gregorio "N", alias "El Lastra", presunto operador del rancho, podrían ser la llave para desentrañar la verdad. Según fuentes cercanas a la investigación, sus testimonios revelan la existencia de otros predios utilizados como centros de exterminio por grupos criminales. De confirmarse estas acusaciones, no se trataría de un simple caso de omisión, sino de una complicidad estructural que involucra a figuras clave del gobierno estatal. La sociedad jalisciense exige respuestas y justicia. El caso del "narco rancho Izaguirre" no puede quedar impune.

Y como diría aquel filósofo cuyo nombre se me escapa en este momento: "Lo difícil no es prometer ética política, sino practicarla cuando nadie te ve". Una frase que resume a la perfección el desafío que enfrenta Morena en estos momentos.