La sombra de la impunidad se cierne nuevamente sobre Morelos. El reciente nombramiento de Leonel Díaz Rogel como titular de la Fiscalía Anticorrupción no solo ha despertado indignación, sino que ha reabierto heridas profundas en una sociedad hastiada de la simulación institucional. Lejos de representar un avance en la lucha contra la corrupción, esta designación se percibe como una bofetada a las víctimas y una burla a la justicia.

La trayectoria de Díaz Rogel está marcada por la controversia. Su paso por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, dejó un rastro de acusaciones que van desde el condicionamiento de apoyos a colectivos de madres buscadoras hasta la contratación de personal sin el perfil adecuado. Se le señala de desmantelar el trabajo previo, desplazando a especialistas y generando un caos administrativo que fracturó la ya frágil relación entre el gobierno y las familias de desaparecidos.

Precisamente, estos antecedentes llevaron a su exclusión de la terna para dirigir formalmente la Comisión. Colectivos como Desaparecidos de Tetelcingo y Buscadoras del Sur de Morelos alzaron la voz, advirtiendo sobre la opacidad del proceso de selección y la intención de imponer a Díaz Rogel. La presión ejercida, incluyendo la petición directa a la gobernadora Margarita González Saravia, logró frenar su ratificación en aquel momento. Sin embargo, la historia no terminó ahí.

En una maniobra que deja entrever las redes de complicidad que operan en el estado, Díaz Rogel fue reubicado en la Fiscalía General del Estado (FGE). Y ahora, bajo el amparo del fiscal Edgar Maldonado Ceballos, se le premia con el control de la Fiscalía Anticorrupción, ignorando por completo el clamor ciudadano. Este acto no solo es una afrenta a las víctimas, sino una clara señal de que la justicia en Morelos sigue secuestrada por intereses particulares.

El caso de Angélica Rodríguez Monroy, fundadora del colectivo Regresando a Casa Morelos, añade otra capa de complejidad a este entramado. Su abierto respaldo a Díaz Rogel durante su gestión en la Comisión de Búsqueda, seguido de su posterior incorporación al equipo de la misma, desató la suspicacia y la desconfianza entre los colectivos. Esta situación evidenció la lógica de cuotas y favoritismos que permea las instituciones, generando divisiones y debilitando la lucha conjunta por la verdad y la justicia.

Con la llegada de Díaz Rogel a la Fiscalía Anticorrupción, la esperanza de un verdadero combate a la corrupción se desvanece. Los colectivos ven con preocupación cómo se cierran los canales de colaboración y temen que esta institución, en lugar de perseguir a los responsables de actos ilícitos, se convierta en un escudo protector para funcionarios cuestionados. La indignación es palpable y ya se preparan acciones legales y movilizaciones en las calles para protestar contra este nombramiento.

La situación en Morelos es un reflejo de la profunda crisis institucional que aqueja al país. El legado del exfiscal Uriel Carmona, marcado por la impunidad y las complicidades, parece perpetuarse. La designación de Díaz Rogel no solo es una muestra más de esta continuidad, sino una provocación que pone en riesgo la ya frágil paz social. La sociedad morelense exige justicia, transparencia y un verdadero compromiso en la lucha contra la corrupción. ¿Hasta cuándo seguirá la simulación?