La sombra del gigante tecnológico se extiende sobre el mercado publicitario digital mexicano, y aunque el reciente punto de acuerdo en el Senado es un destello de luz en la oscuridad, la pregunta persiste: ¿será suficiente para contrarrestar el dominio casi absoluto de Google? Mientras el mundo observa cómo caen multas millonarias y se imponen medidas drásticas contra el gigante en otras latitudes, México parece observar desde la barrera, con un expediente abierto en la COFECE que acumula polvo desde 2020. Cinco años de aparente inacción que contrastan con la urgencia global de frenar las prácticas monopólicas que distorsionan el mercado y perjudican tanto a competidores como a consumidores.

No se trata de un problema aislado, ni de una simple anécdota legislativa. El diagnóstico es claro, las evidencias son abrumadoras, y los precedentes internacionales se acumulan como una montaña. Desde Europa hasta Estados Unidos, las autoridades regulatorias han alzado la voz y han actuado con contundencia, reconociendo el poder desmedido de Google y la necesidad de establecer límites claros. Multas multimillonarias, restricciones a la competencia, investigaciones exhaustivas, e incluso la posibilidad de desinversión forzada, son algunas de las medidas que se han puesto sobre la mesa para frenar el avance implacable del monopolio.

La ironía es palpable: mientras en México se debate la eliminación de órganos autónomos bajo el argumento de la eficiencia, se ignora la ineficiencia misma de un sistema que permite que un gigante tecnológico dicte las reglas del juego. El punto de acuerdo del Senado, si bien es un paso en la dirección correcta, no es más que un tímido llamado de atención en un escenario que exige acciones concretas y decisivas. No basta con reconocer el problema, es imperativo actuar con la misma firmeza y determinación que han demostrado otras jurisdicciones.

¿Acaso esperaremos a que otros hagan el trabajo por nosotros? ¿Seguiremos siendo meros espectadores mientras Google moldea el mercado a su antojo, imponiendo condiciones contractuales que asfixian a la competencia y generan sobrecostos para los usuarios finales? La pasividad regulatoria no es una opción viable en un mundo cada vez más digitalizado, donde el poder de las grandes tecnológicas trasciende las fronteras y desafía la soberanía de las naciones.

Es hora de pasar de la retórica a la acción, de la contemplación a la intervención. La economía digital no espera, y la soberanía regulatoria de México no puede permanecer en "modo avión" mientras el gigante tecnológico continúa expandiendo su influencia sin control. El expediente de la COFECE no puede seguir acumulando polvo, debe convertirse en el catalizador de una respuesta firme y contundente que demuestre que México está dispuesto a defender la competencia y proteger los intereses de sus ciudadanos en el ámbito digital. El futuro del mercado digital mexicano depende de ello. No podemos permitirnos seguir siendo un país donde las reglas las dicta un gigante tecnológico, mientras nuestras autoridades regulatorias permanecen inertes. La hora de actuar es ahora.