La sombra de la duda se cierne sobre el proceso de elección judicial en México. Un total de 26 candidaturas han sido impugnadas por Morena ante el INE, desatando una tormenta política y poniendo en tela de juicio la idoneidad de los aspirantes a ocupar cargos de suma importancia en el sistema judicial del país. La acusación, presentada por figuras clave del partido como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, su homólogo en la Cámara de Diputados, apunta a la falta de probidad y a la posible existencia de vínculos con actividades ilícitas por parte de los candidatos cuestionados.

El epicentro de la controversia reside en dos argumentos principales. En primer lugar, se alega que 18 de los candidatos no cumplen con el requisito constitucional de "gozar de buena reputación", un pilar fundamental para la imparcialidad y la confianza en la justicia. La justificación de esta acusación se basa en la existencia de investigaciones penales federales en curso contra estos individuos, incluyendo delitos de extrema gravedad como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones e incluso delincuencia organizada. La sola mención de estos cargos genera una profunda inquietud sobre la posibilidad de que personas implicadas en tales actos puedan acceder a puestos de alta responsabilidad en el poder judicial.

El segundo argumento es de carácter académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar la calificación mínima de ocho en sus estudios de licenciatura. Si bien la excelencia académica no garantiza la integridad moral, sí representa un indicador del compromiso con el estudio y la rigurosidad, cualidades esenciales para el ejercicio de la judicatura. La combinación de ambos argumentos, la falta de buena reputación y el bajo rendimiento académico, construye un panorama preocupante que exige una investigación exhaustiva y transparente.

La impugnación presentada por Morena no se limita a meras afirmaciones. Se ha aportado documentación que respalda las acusaciones, incluyendo carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra algunos de los candidatos. Además, se ha revelado información sobre la actuación de algunos de ellos como defensores de personas vinculadas al crimen organizado, lo que plantea un evidente conflicto de interés y compromete la imparcialidad que se espera de un juez.

La situación se agrava aún más por el hecho de que los jueces señalados se encuentran actualmente en funciones y, según Fernández Noroña, obtuvieron un pase directo como candidatos a la reelección y otros cargos, sin pasar por el escrutinio de los comités de evaluación. Esta aparente falta de control en el proceso de selección ha despertado la alarma de diversos sectores de la sociedad, que exigen una revisión exhaustiva de los mecanismos de nombramiento y promoción dentro del poder judicial.

El futuro de estas 26 candidaturas se encuentra ahora en manos del INE. La institución tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación rigurosa e imparcial, analizando la evidencia presentada y garantizando el debido proceso a todos los involucrados. La decisión que tome el INE tendrá un impacto significativo en la credibilidad del sistema judicial mexicano y en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En un contexto marcado por la creciente preocupación sobre la corrupción y la impunidad, la transparencia y la rendición de cuentas son más cruciales que nunca para asegurar la legitimidad del poder judicial y la correcta impartición de justicia. La sociedad espera respuestas claras y contundentes.