En un escenario político cada vez más polarizado, la reciente aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos por parte de la Cámara Baja ha desatado una tormenta de controversia. Mientras el oficialismo la presenta como una iniciativa benévola que simplificará la vida de los ciudadanos, la oposición denuncia un trasfondo autoritario y un intento velado de control social. La aparente simplificación administrativa, argumentan los críticos, esconde una centralización excesiva de poder en manos del Ejecutivo, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta concentración de poder, aunada a la creación de la Llave Mx –una plataforma digital que vincula la CURP con datos biométricos–, despierta serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los datos personales y la posibilidad de un espionaje masivo por parte del gobierno.

La discordia se centra en la figura de José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, a quien algunos sectores señalan como el artífice de un sistema de vigilancia orwelliano. La oposición lo ha calificado como el "Pepe Merino, el líder del Big Brother mexicano", una figura omnipresente que controlará el acceso a servicios y trámites, y que tendrá la capacidad de monitorizar las actividades de los ciudadanos. El debate en torno a la Llave Mx trasciende la mera digitalización de trámites. Se cuestiona si la recopilación masiva de datos biométricos, sin mecanismos de control y transparencia robustos, constituye una violación a la privacidad y una amenaza a las libertades individuales. La falta de garantías y la discrecionalidad con la que el gobierno podría manejar esta información alimentan el temor a un Estado vigilante, capaz de utilizar los datos personales para fines políticos o represivos.

Otro punto de fricción es la eliminación del sistema nacional de mejora regulatoria y los consejos estatales, instancias que durante años han participado en la simplificación de trámites y que, según la oposición, servían como contrapeso al poder del Ejecutivo. Con su desaparición, se desvanece también la participación ciudadana en la evaluación de políticas públicas, lo que incrementa la opacidad y la posibilidad de arbitrariedades. La concentración de poder en la figura presidencial, sin la fiscalización ciudadana y la rendición de cuentas, es vista como una deriva autoritaria que atenta contra los principios democráticos. La oposición argumenta que esta ley no solo no simplifica trámites, sino que crea un entramado burocrático aún más complejo, controlado por el gobierno y susceptible de ser utilizado para fines distintos a los declarados.

La polémica también se extiende al ámbito económico. La falta de transparencia en las compras gubernamentales y las obras públicas, combinada con la centralización de la información, abre la puerta a la corrupción y al desvío de recursos. Se teme que la Llave Mx se convierta en una herramienta para favorecer a empresas afines al gobierno y para ocultar irregularidades en el manejo del dinero público. La ausencia de mecanismos de control independientes incrementa la desconfianza y la sospecha de que la verdadera intención detrás de esta ley es el control y no la simplificación.

En definitiva, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos se ha convertido en un nuevo campo de batalla político. Mientras el gobierno la defiende como una herramienta de modernización y eficiencia, la oposición la denuncia como un instrumento de control y espionaje. El debate está abierto y la sociedad civil se encuentra dividida entre quienes ven en ella una promesa de simplificación y quienes perciben una amenaza a sus libertades. El tiempo dirá si esta ley realmente facilita la vida de los ciudadanos o si, por el contrario, consolida un modelo de gobierno autoritario y opaco.