La evasión fiscal, una lacra que socava los cimientos de nuestra economía, vuelve a ser protagonista en un nuevo escándalo que salpica a importantes empresas textiles y de calzado. No se trata de un caso aislado, sino de una trama compleja que involucra a al menos cinco agencias aduanales, presuntamente cómplices en la elusión de impuestos por un monto que asciende a la astronómica cifra de 24 mil millones de pesos. Imaginen todo lo que se podría hacer con ese dinero: hospitales, escuelas, infraestructura… Se nos roba a todos cuando se defrauda al fisco.

La mecánica, según las investigaciones, consistía en la importación de productos de China y Estados Unidos bajo el amparo de permisos de exportación. Es decir, las empresas declaraban que los bienes importados serían transformados y posteriormente exportados, lo cual les permitía beneficiarse de exenciones fiscales. Sin embargo, la realidad era bien distinta: los productos, en lugar de ser enviados al extranjero, se comercializaban en el mercado interno, evadiendo el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes. Una estrategia fraudulenta que les permitía obtener una ventaja competitiva desleal frente a las empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.

Las autoridades, con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a la cabeza, no se han quedado de brazos cruzados. Se ha iniciado un proceso de cancelación de los permisos de las ocho empresas implicadas, y las cinco agencias aduanales que presuntamente colaboraron en la trama también están bajo la lupa de la justicia. No basta con sancionar a las empresas, es crucial desmantelar toda la red de complicidades que permitió esta operación fraudulenta. De lo contrario, se corre el riesgo de que estas prácticas se repitan en el futuro.

La investigación, que cuenta con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), promete ser exhaustiva. Se están rastreando las cuentas bancarias de las empresas y sus responsables para identificar a los beneficiarios finales de este millonario fraude. Además, se está analizando la posible comisión de delitos federales graves, lo que podría implicar severas penas de prisión para los implicados.

La colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales de Baja California, Jalisco y Aguascalientes, donde operaban algunas de las empresas implicadas, es fundamental para el éxito de la investigación. Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en las aduanas para prevenir este tipo de fraudes. Asimismo, es importante fomentar una cultura de cumplimiento fiscal entre las empresas, destacando los beneficios que esto conlleva para el desarrollo económico y social del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente al respecto, señalando que estas prácticas no solo perjudican al erario público, sino que también distorsionan la competencia en el mercado. Es fundamental que se haga justicia y que los responsables de este fraude asuman las consecuencias de sus actos. Solo así se podrá enviar un mensaje claro de que la evasión fiscal no quedará impune.

Este caso nos recuerda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en todos los ámbitos de la vida pública y privada. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se gestionan los recursos públicos y a exigir que se combata con firmeza la corrupción y la impunidad. La lucha contra la evasión fiscal es una tarea de todos, y requiere de la colaboración de la sociedad, las empresas y las autoridades.