La controversia generada en torno a la iniciativa de ley que busca prohibir el acceso a espectáculos públicos a deudores alimentarios en la Ciudad de México ha abierto un debate crucial sobre la responsabilidad parental y las consecuencias de su incumplimiento. Mientras algunos argumentan que se trata de una medida excesiva que limita el derecho al ocio, la realidad que viven miles de niños y niñas en nuestra ciudad, privados de lo más básico por la irresponsabilidad de sus progenitores, nos exige tomar acciones contundentes. No se trata de criminalizar el entretenimiento, sino de establecer un principio fundamental: el bienestar de la infancia debe prevalecer sobre cualquier otro interés.

La propuesta, que busca restringir el acceso a conciertos, partidos de fútbol, funciones de teatro y otros eventos masivos a quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, se presenta como una herramienta de presión social, un llamado a la reflexión y un mecanismo para visibilizar una problemática que, lamentablemente, se encuentra en alarmante ascenso. El drástico incremento de denuncias por incumplimiento de pensión alimenticia registrado en los últimos meses, con un aumento del 106% en menos de un año, demuestra la urgencia de implementar medidas que protejan los derechos de los menores y promuevan una cultura de responsabilidad.

Imaginemos la angustia de una madre o un padre que lucha día a día para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, mientras el progenitor ausente disfruta de un concierto o un partido de fútbol sin remordimiento alguno. Esta iniciativa busca precisamente revertir esa injusticia, generando una consecuencia tangible para quienes eluden sus responsabilidades. No se trata de un castigo punitivo, sino de una medida disuasoria que busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el bienestar de los niños y niñas.

La propuesta se inspira en modelos exitosos implementados en otras regiones, como Buenos Aires, Argentina, donde la verificación aleatoria del DNI en los accesos a estadios de fútbol ha demostrado ser una herramienta eficaz para identificar y restringir el acceso a deudores alimentarios. La experiencia internacional nos muestra que este tipo de medidas, además de generar presión social, contribuyen a concientizar a la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones parentales.

Es fundamental comprender que la paternidad y la maternidad no son opciones, sino responsabilidades ineludibles. El cuidado y la manutención de los hijos no son gestos simbólicos, sino obligaciones legales y morales que deben ser asumidas con compromiso y seriedad. Esta iniciativa no solo busca hacer justicia a los menores afectados, sino también promover un cambio cultural que coloque el bienestar de la infancia en el centro de nuestras prioridades.

El debate en torno a esta iniciativa de ley es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que rigen nuestra sociedad. ¿Qué mensaje queremos enviar a las futuras generaciones? ¿Toleraremos la irresponsabilidad parental o nos comprometemos a construir una sociedad donde los derechos de los niños y niñas sean una prioridad inquebrantable? El espectáculo de la irresponsabilidad debe terminar. Es hora de asumir un compromiso real con la infancia y construir un futuro donde todos los niños y niñas tengan la oportunidad de crecer en un ambiente de seguridad, protección y bienestar. La aprobación de esta ley sería un paso importante en esa dirección, un paso hacia una sociedad más justa y responsable.