La sombra de la censura se cierne sobre nuestras sociedades, no con la estridencia de antaño, sino con la sutileza de un lobo con piel de cordero. Se disfraza de modernización, de una supuesta protección a las audiencias, incluso de la promesa de una mayor conectividad. Pero tras esa fachada seductora se esconden los apetitos de control, la intención de silenciar las voces disidentes y uniformar el pensamiento. Proyectos legislativos, impulsados desde las entrañas del poder, buscan amordazar a los medios de comunicación, controlar las redes sociales y someter las plataformas digitales a la voluntad del gobierno. Se trata de una ofensiva silenciosa, pero no por ello menos peligrosa, contra la libertad de expresión, un derecho fundamental que constituye la piedra angular de cualquier democracia.

Nuestra Constitución, en sus artículos 6º y 7º, blinda la libre manifestación de las ideas y la libertad de difundirlas a través de cualquier medio. No son meras declaraciones retóricas, son los cimientos sobre los que se erige una sociedad libre y democrática. La historia, maestra implacable, nos enseña que cuando los gobiernos se arrogan la facultad de supervisar, autorizar o sancionar los contenidos que circulan en los medios y plataformas, el resultado es inevitable: la censura, primero soterrada, luego descarada; la autocensura de periodistas temerosos de represalias; y una ciudadanía desinformada, alimentada con una dieta informativa monótona y manipulada. El debate público se empobrece, la crítica se silencia y el poder se consolida sin contrapesos.

En este panorama complejo, la decisión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de frenar la iniciativa que pretendía modificar la Ley de Telecomunicaciones, concentrando las facultades de concesión y supervisión de medios en una sola agencia gubernamental, supone un respiro, un rayo de esperanza. La apertura de un proceso de consulta más amplio, con el objetivo declarado de proteger la libertad de expresión y disipar cualquier sospecha de autoritarismo, es un gesto que merece ser reconocido. Sin embargo, no podemos caer en la complacencia. La defensa de las libertades constitucionales no se limita a declaraciones de buenas intenciones, exige acciones concretas que impidan cualquier intento de control gubernamental sobre el flujo de la información.

Recordemos los ejemplos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Hungría, Turquía y Rusia. En estos países, leyes similares a las que se pretendían aprobar en México, con el pretexto de "organizar" los medios o "garantizar la veracidad de la información", han conducido al cierre de medios independientes, al encarcelamiento de periodistas y a la imposición de un discurso único, dictado desde el poder. Estas sociedades, al perder la pluralidad informativa, perdieron también la capacidad de defender otros derechos fundamentales. La libertad de expresión es el dique que contiene los abusos del poder, y cuando ese dique se rompe, las consecuencias son devastadoras.

Un gobierno, por muy loables que sean sus intenciones declaradas, cuando centraliza el control de la información, erosiona las bases del debate público y debilita el mecanismo esencial de la democracia: la crítica. La libertad de expresión y de prensa no son concesiones del Estado, son derechos inalienables que deben ser defendidos con firmeza. Cada concesión a la censura, cada intento de supervisión estatal sobre los contenidos, es un paso hacia una sociedad menos libre, más dócil y más vulnerable al abuso de poder.

Hoy, más que nunca, debemos tener claro que no hay democracia posible sin medios libres, sin redes abiertas, sin ciudadanos capaces de informarse de manera plural y de expresar sus opiniones sin temor a represalias. La defensa del Artículo 6º y del Artículo 7º de nuestra Constitución es, en esencia, la defensa de nuestra libertad. La autocrítica y la rectificación son signos de madurez democrática, pero no podemos bajar la guardia. La historia nos enseña que las amenazas contra la libertad de expresión y los derechos humanos siempre acechan, a veces de forma silenciosa, y debemos estar preparados para defenderlas con la misma firmeza con la que defendemos nuestra propia dignidad.