La incertidumbre se cierne sobre el sector de reparto a domicilio en la Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pausado la discusión sobre el amparo interpuesto por las plataformas de delivery contra el impuesto adicional del 2% por el uso de la vía pública. Aunque el proyecto no ha sido aprobado, tampoco ha sido desechado, dejando en suspenso el futuro de miles de repartidores y el costo de los servicios para los consumidores. Este impasse subraya la complejidad de la situación y la necesidad de un análisis profundo que considere todas las implicaciones.

La falta de una decisión definitiva genera inquietud en el sector, ya que la imposición de este impuesto podría desencadenar una serie de consecuencias negativas. El argumento de que el gravamen no afectará a los repartidores se desmorona al observar la realidad del ecosistema. Cualquier incremento en los costos operativos se traduce inevitablemente en una reducción de los márgenes de ganancia para las plataformas, lo que a su vez puede llevar a una disminución de los pedidos, afectando directamente los ingresos de los repartidores.

Para muchos, la flexibilidad y la independencia que ofrece el reparto a domicilio representan una oportunidad invaluable. Estudiantes que buscan complementar sus ingresos, personas que requieren horarios adaptables o aquellos que no han encontrado su lugar en el mercado laboral tradicional, dependen de esta actividad para su sustento. La imposición de este impuesto podría precarizar aún más su situación, limitando sus opciones y aumentando la incertidumbre en un contexto económico ya de por sí complejo.

La ministra Lenia Batres, a quien se le ha encomendado la tarea de presentar un nuevo proyecto sobre el asunto, tiene en sus manos la responsabilidad de considerar el impacto real de esta medida. Es crucial que la nueva propuesta se base en un análisis exhaustivo que no solo contemple la recaudación, sino también las consecuencias para los actores involucrados, especialmente para los repartidores, quienes son el eslabón más vulnerable de la cadena. La expectativa está puesta en que la ministra, autoproclamada representante del pueblo, escuche las voces de quienes se verían directamente afectados por esta decisión. El 14 de mayo, fecha en que se retomará la discusión en la SCJN, se espera una resolución que prime la justicia y la equidad.

Por otro lado, el Tianguis Turístico de Rosarito, Baja California, ha puesto de manifiesto la necesidad de una estrategia conjunta para revitalizar el turismo en México. La falta de promoción turística en los últimos años ha dejado un vacío que es urgente llenar. Si bien existen destinos consolidados, la competencia a nivel global exige una mayor visibilidad y la diversificación de la oferta.

La inseguridad en algunos estados representa un obstáculo para el desarrollo turístico. Es fundamental abordar este problema para que destinos con gran potencial, como Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Tabasco, puedan atraer a un mayor número de visitantes. Asimismo, es crucial impulsar el desarrollo de nuevas zonas turísticas como la Riviera Nayarit y la costa oaxaqueña, que ofrecen bellezas naturales y una infraestructura en crecimiento.

El optimismo del sector turístico, a pesar de las incertidumbres sobre el apoyo gubernamental, refleja la confianza en el potencial de México como destino turístico de clase mundial. La colaboración entre los sectores público y privado será clave para aprovechar las oportunidades y consolidar al turismo como un motor de crecimiento económico para el país. La promoción efectiva, la diversificación de la oferta y la garantía de la seguridad son pilares fundamentales para alcanzar este objetivo.