La intrincada relación de México con el mundo, y en particular con Estados Unidos, lo coloca en una posición singularmente vulnerable a presiones externas que influyen en sus políticas internas. El reciente rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum a la propuesta de Donald Trump de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga, ilustra de forma elocuente esta dinámica. Si bien la defensa de la soberanía nacional es un principio inquebrantable para cualquier gobierno mexicano, especialmente en la relación con su vecino del norte, la cuestión resuena con mayor profundidad en la memoria colectiva de un país que históricamente ha lidiado con la sombra de la injerencia extranjera.

Para muchas generaciones de mexicanos, crecer bajo la premisa de que ceder a presiones externas –o al menos dar esa impresión– era una afrenta a la identidad nacional, ha moldeado la percepción de la política exterior. Incluso décadas después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la integración de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), persistían voces que lamentaban la globalización y anhelaban un México aislacionista, sin considerar –o quizá sin querer reconocer– las inevitables consecuencias de tal postura en un mundo interconectado.

Tanto el TLCAN como su sucesor, el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), han demostrado que ningún país, ni siquiera la potencia hegemónica mundial, puede ignorar la interdependencia global. A lo largo de los años, diversos actores en México han recurrido a la influencia externa para incidir en la agenda nacional. Desde los anuncios políticos en estaciones de radio estadounidenses en la frontera en la década de 1960, hasta las denuncias de injusticias y abusos en medios internacionales y la creación de ONGs con fuerte respaldo internacional, la presión externa ha sido una constante en la dinámica política mexicana.

El concepto japonés de "Gaiatsu", que describe la presión extranjera como catalizador de reformas internas, resuena con la experiencia mexicana. Aunque otros países no lo admitan con la misma franqueza, en el caso de México la amenaza o presión externa ha impulsado acciones en temas que van desde la seguridad nacional –incluyendo migración y narcotráfico– hasta políticas económicas. La actual propuesta de intervención militar, aunque rechazada, podría ejercer presión para que las autoridades mexicanas intensifiquen la lucha contra los cárteles de la droga, que se han convertido en una hidra multifacética con tentáculos en el tráfico de drogas y personas, la extorsión, el robo de combustible ("huachicoleo") y el lavado de dinero, dejando a su paso una estela de víctimas.

Esta compleja interacción con el exterior, especialmente con Estados Unidos, obliga a México a navegar un delicado equilibrio entre la defensa de su soberanía y la necesidad de cooperación en un mundo globalizado. La presión externa, si bien puede ser vista como una intromisión, también puede actuar como un catalizador para abordar problemas internos y fortalecer las instituciones. El desafío radica en discernir cuándo la presión externa se convierte en una herramienta constructiva y cuándo en una amenaza a la autonomía nacional. El debate sobre la soberanía y la interdependencia seguirá siendo un tema central en la política mexicana, en la búsqueda de un camino que preserve la identidad nacional al tiempo que se adapta a las realidades de un mundo interconectado.