La sombra de un paro indefinido se cierne sobre el sistema educativo de Oaxaca. A partir del 15 de mayo, la Sección 22 de la CNTE, un actor fundamental en el panorama educativo oaxaqueño, amenaza con paralizar las actividades escolares en todo el estado. Esta decisión, tomada en Asamblea Estatal, movilizará a aproximadamente 70 mil docentes hacia la Ciudad de México, dejando a cerca de 866 mil estudiantes de educación básica sin clases. Un escenario preocupante a escasos dos meses de la conclusión del ciclo escolar, prevista para el 16 de julio.

La magnitud de esta movilización subraya la profundidad del descontento magisterial. Las demandas, plasmadas en un documento de siete páginas dirigido a Claudia Sheinbaum, abarcan un amplio espectro de reivindicaciones que van desde lo laboral y económico hasta lo político y social. La abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, un tema recurrente en las protestas magisteriales, se erige como una de las principales exigencias. Los docentes buscan revertir lo que consideran un sistema de pensiones injusto, demandando la jubilación por años de servicio (28 para mujeres y 30 para hombres) y el cálculo de las pensiones en salario mínimo, rechazando la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La cancelación de las Afores y del sistema de cuentas individuales, otra de las demandas centrales, refleja la desconfianza del magisterio hacia el sistema de pensiones actual. Además, exigen un aumento salarial del 100% directo al sueldo base y la homologación de todas las prestaciones, buscando una mejora sustancial en sus condiciones laborales.

La derogación de las Reformas Educativas de Peña Nieto y López Obrador es otro punto crucial en el pliego petitorio. La Sección 22 solicita la eliminación del régimen de excepción laboral, argumentando que este lesiona sus derechos laborales. A estas demandas se suma la reinstalación inmediata de todos los trabajadores cesados, una reivindicación que busca la restitución de aquellos docentes que han perdido sus empleos.

Más allá de las demandas laborales, la Sección 22 incorpora en su pliego petitorio reclamos de justicia social y un aumento al presupuesto para salud y educación en el país. Estas demandas evidencian una preocupación por el bienestar general de la población y la necesidad de fortalecer los servicios públicos fundamentales.

El paro indefinido, con su consecuente traslado a la Ciudad de México, representa una medida de presión considerable para las autoridades. La interrupción de las actividades escolares afectará a miles de estudiantes oaxaqueños, generando un impacto significativo en el sistema educativo estatal. El tiempo dirá si esta movilización logrará abrir un espacio de diálogo y negociación que permita encontrar soluciones a las demandas del magisterio. La incertidumbre se instala en Oaxaca ante un panorama educativo incierto. El futuro de miles de estudiantes pende de un hilo, a la espera de una resolución que garantice su derecho a la educación.