La sombra de la duda se cierne sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las palabras de Ana María Ibarra Olguín, candidata a Ministra, resonaron con fuerza en los muros de la Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, despertando un debate crucial sobre el rumbo de la justicia en México. Su diagnóstico es contundente: el máximo tribunal ha perdido el norte, alejándose de su compromiso fundamental con el pueblo y cediendo a la tentación de la política partidista.

Ibarra Olguín no se limitó a la crítica superficial. Con la precisión de una jurista experimentada, desgranó los síntomas de una enfermedad que aqueja al sistema judicial: la exclusión, el desdén hacia los más vulnerables y la protección de privilegios. Un lenguaje técnico que se convierte en barrera, una indiferencia que se traduce en injusticia. La candidata denunció una justicia que se administra a espaldas de la realidad social, ignorando el clamor de quienes más necesitan de su amparo.

La falta de diálogo con los otros poderes del Estado es otra de las heridas abiertas que Ibarra Olguín puso al descubierto. La Suprema Corte, en su visión, no sólo ha fallado en sus decisiones, sino también en su responsabilidad institucional de tender puentes y construir consensos. La soberbia, según sus palabras, ha fracturado la necesaria colaboración entre los poderes, generando un clima de confrontación que pone en riesgo la estabilidad democrática.

Pero la acusación más grave, la que golpea en el corazón de la legitimidad del tribunal constitucional, es la de su politización. Ibarra Olguín no dudó en señalar que la Corte ha abandonado su papel de árbitro imparcial para convertirse en un actor político con una agenda propia. Un partido de oposición, dijo, que defiende sus intereses personales y privilegios, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de todos los mexicanos.

¿Cómo recuperar la confianza en una institución que se percibe como distante y parcial? Para Ibarra Olguín, la respuesta está en el diálogo, la escucha y la resolución. Una Corte que se encierra en sí misma, que prolonga los conflictos en lugar de resolverlos, se convierte en parte del problema, no en la solución. La justicia, para ser democrática, debe ser accesible, transparente y, sobre todo, comprometida con la equidad y el sentido social.

El llamado de Ibarra Olguín resonó con fuerza en la audiencia. Sus palabras no fueron un simple discurso, sino una invitación a la reflexión y a la acción. En una república democrática, ningún poder está por encima de otro. La supremacía de la ley y el respeto a la Constitución son los pilares sobre los que se construye un Estado de Derecho. La justicia, como servicio esencial para la sociedad, debe estar a la altura de ese desafío. El futuro de la Suprema Corte, y del país, depende de ello.

¿Será escuchada la voz de Ana María Ibarra Olguín? ¿Logrará su candidatura impulsar un cambio real en el seno del máximo tribunal? El tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que sus palabras han abierto un debate necesario y han puesto el dedo en la llaga de un sistema judicial que necesita, con urgencia, recuperar la confianza de los ciudadanos.