La reciente condena a la politóloga Ximena Peredo por el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ha encendido un debate crucial sobre la libertad de expresión y los límites de la crítica en México. El fallo, que obliga a Peredo a costear los gastos de terapia del escritor Felipe Montes, tras un artículo en el que abordaba las acusaciones de abuso sexual contra él, sienta un precedente preocupante. No solo por la desproporción de la sentencia, sino también por la peligrosa señal que envía a periodistas, activistas y a la ciudadanía en general: ¿se puede cuestionar impunemente a figuras públicas, especialmente a aquellas pertenecientes a la élite económica y cultural?

El caso Montes no es un incidente aislado. Recordemos las denuncias de acoso que lo señalaban y la posterior movilización de las víctimas para impedir su participación en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Estos hechos, junto con el artículo de Peredo, conforman un contexto complejo que el tribunal parece haber ignorado. La sentencia, sin pruebas contundentes que vinculen el texto de Peredo con los supuestos daños a la salud de Montes, se percibe como una medida intimidatoria que busca silenciar las voces críticas.

Es particularmente alarmante que esta condena se produzca en Nuevo León, un estado donde los delitos contra el honor siguen vigentes, a pesar de la derogación a nivel nacional. Esta situación legal anacrónica se presta a la instrumentalización de la justicia para acallar la disidencia y el debate público. La figura de Peredo, una reconocida defensora de los derechos humanos y la democracia, refuerza la percepción de que este fallo es un ataque directo a la libertad de expresión.

La solidaridad con Ximena Peredo no se ha hecho esperar. Diversos sectores de la sociedad, incluyendo gremios periodísticos, organizaciones ciudadanas y colectivos feministas, han expresado su apoyo y repudio a la sentencia. En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, este caso se convierte en un recordatorio de la importancia de proteger el derecho a la información y la libre expresión como pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Cambiando de tema, pero sin abandonar Nuevo León, la polémica estrategia del gobernador Samuel García para combatir la contaminación continúa generando controversia. Las clausuras indiscriminadas a empresas, sin un análisis profundo de las fuentes de contaminación, han dado lugar a sospechas de corrupción y extorsión. Mientras tanto, diputados de diferentes partidos políticos plantean la reubicación de la acerera Ternium, una medida que busca conciliar la protección ambiental con la preservación de los empleos.

En otro orden de ideas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se enfrenta a un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción. Señalamientos apuntan a la posible influencia de José Manuel Escobedo Venegas, exfuncionario del IMSS en Zacatecas, en licitaciones en Veracruz Norte. Se presume que Escobedo estaría manipulando las bases de las licitaciones para favorecer a la empresa Lexmark, replicando un esquema que habría utilizado en Zacatecas. Las autoridades del IMSS ya han sido alertadas y se espera una pronta investigación para esclarecer los hechos.

Finalmente, en el ámbito de la soberanía alimentaria, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar encabezará la Convención Nacional Frijolera en Zacatecas, donde se presentará Prosebien, un nuevo organismo enfocado en fortalecer la producción nacional de frijol y reducir la dependencia de insumos importados. Esta iniciativa busca rescatar las funciones de la extinta PRONASE y apoyar a pequeños y medianos productores en el acceso a semillas de calidad. El evento, que contará con la participación de autoridades, técnicos y agricultores, se perfila como un paso importante en la recuperación del campo mexicano.