La promesa de una justicia pronta y expedita, consagrada en la Constitución desde 2019, sigue siendo una quimera para muchos mexicanos. A pesar de la reforma al Artículo 17, que garantiza este derecho fundamental, la realidad en los tribunales dista mucho de lo ideal. Andrés Muñoz Ochoa, candidato a magistrado penal federal, lo ha señalado con contundencia en una reciente entrevista. Ha puesto el dedo en la llaga al denunciar la ineficacia de algunos procesos, como los juicios de amparo, que en muchos casos se limitan a ordenar la reposición del procedimiento por tecnicismos, sin abordar el fondo del asunto. Imaginen la frustración del ciudadano que busca justicia y se encuentra con un sistema que prioriza la forma sobre el fondo, dilatando los tiempos y postergando la resolución de su caso. Muñoz Ochoa, con la experiencia que le otorgan más de 12 años de servicio en el sistema judicial, ha sido testigo directo de estas deficiencias.

El candidato ha ilustrado la gravedad del problema con cifras alarmantes. Según datos del INEGI, un tribunal de enjuiciamiento puede tardar hasta 820 días naturales – más de dos años – en dictar sentencia en primera instancia. Esto contrasta drásticamente con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que estipula un plazo máximo de un año para los delitos con penas superiores a dos años de prisión. ¿Dónde queda entonces el derecho a una justicia pronta y expedita? ¿Cómo podemos hablar de un sistema eficiente cuando la espera se prolonga tanto, generando incertidumbre y angustia en las personas involucradas?

Muñoz Ochoa no se limita a diagnosticar el problema, sino que también propone soluciones. Se compromete a dar celeridad a los trámites, aplicando la ley con rigor y eficiencia. Su enfoque se basa en la combinación de buenas prácticas, identificadas a lo largo de su trayectoria, con la erradicación de aquellas que obstaculizan el acceso a una justicia ágil y efectiva. Este compromiso con la optimización del sistema judicial es un soplo de aire fresco en un contexto donde la confianza ciudadana se ha visto mermada por las deficiencias y la falta de autocrítica dentro del Poder Judicial de la Federación.

La juventud de Muñoz Ochoa, quien se encuentra entre los ocho jueces más jóvenes del país, se presenta como una ventaja clave en este proceso de transformación. Su generación, compuesta por juzgadores entre 30 y 45 años, representa una oportunidad para implementar ideas innovadoras y consolidar la reforma judicial. Esta nueva generación de magistrados y jueces tiene la energía y la visión para impulsar los cambios necesarios y convertir las promesas de campaña en realidades tangibles. La combinación de experiencia y juventud que encarna Muñoz Ochoa se presenta como una fórmula prometedora para construir un sistema judicial más eficiente, transparente y accesible para todos los mexicanos. La pregunta es, ¿será suficiente para superar la inercia y materializar finalmente el derecho a una justicia pronta y expedita? El tiempo y las acciones de los nuevos magistrados nos darán la respuesta.