La reciente reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos ha desatado una oleada de controversias y preocupaciones en el país. El permiso otorgado a personal de entidades como Pemex, CFE, Centro Nacional de Inteligencia, SAT y Banco de México, entre otras, para portar armas, abre un abanico de interrogantes sobre la seguridad y la justicia en México. La propia redacción de la ley, que menciona la posibilidad de que "personas morales" porten armas, deja entrever una imprecisión jurídica que requiere urgente aclaración. ¿Cómo puede una entidad abstracta, sin cuerpo físico, empuñar un arma? Esta ambigüedad, lejos de ser un tecnicismo, refleja una preocupante falta de rigor en la elaboración de una ley que impacta directamente en la seguridad de todos los mexicanos.

Más allá de la dudosa redacción, la reforma plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se concilia la proliferación de armas con la supuesta vocación pacifista del gobierno? Si bien la reforma endurece las penas para el tráfico de armas, al mismo tiempo facilita la obtención de permisos para la posesión de armas en domicilios particulares, bajo el argumento de la legítima defensa. Esta aparente contradicción nos lleva a preguntarnos si la verdadera intención es combatir la violencia o, por el contrario, fomentar una cultura de la autodefensa que podría derivar en un aumento de los incidentes con armas de fuego. La experiencia internacional demuestra que la mayor disponibilidad de armas no se traduce en una mayor seguridad, sino en un incremento de la violencia, los accidentes y las muertes.

La adhesión de México a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su meta de reducir todas las formas de violencia, parece contradecir flagrantemente esta reforma. La proliferación de armas, lejos de contribuir a la paz, crea un ambiente de mayor inseguridad y desconfianza. El Sistema Nacional de Seguridad Pública ha reportado un alarmante número de incidentes con armas de fuego en el ámbito doméstico, muchos de ellos involucrando a menores de edad. ¿Cómo podemos hablar de paz y desarrollo sostenible cuando permitimos que las armas se conviertan en parte del paisaje cotidiano, incluso en el hogar?

Otro aspecto preocupante es la creación de una ciudadanía de primera y segunda clase. Al otorgar permisos para portar armas a ciertos funcionarios públicos, se establece una distinción que puede ser interpretada como un privilegio injustificado. Esta diferenciación no solo es discriminatoria, sino que también puede generar resentimiento y desconfianza hacia las instituciones. ¿Qué mensaje estamos enviando a la ciudadanía al permitir que unos tengan el derecho a portar armas mientras que otros quedan en una situación de vulnerabilidad?

La responsabilidad del Estado de brindar seguridad a la población no puede delegarse en la autodefensa armada. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, y la entrega de armas a funcionarios civiles no solo es una medida ineficaz, sino que también puede ser contraproducente. La falta de capacitación adecuada en el uso de armas de fuego y la ausencia de evaluaciones psicológicas aumentan el riesgo de accidentes, abusos y violencia.

En definitiva, la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos plantea serias dudas sobre su eficacia y su compatibilidad con los principios de paz, igualdad y desarrollo sostenible. La proliferación de armas no es el camino hacia un México más seguro, sino una receta para la violencia y la desigualdad.