La tragedia ha ensombrecido a la tranquila colonia Chuburná de Hidalgo, en Mérida, Yucatán, dejando al descubierto una dolorosa historia de violencia familiar. Érica Paloma “N”, de 51 años, se encuentra detenida y acusada del homicidio de su propia hermana, Lilian, de 49 años, una mujer con discapacidad que dependía completamente de ella. Este terrible suceso nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y la importancia de garantizar su protección y bienestar.

Lilian, víctima de un accidente automovilístico que le dejó secuelas físicas, también padecía trastornos mentales, lo que la hacía doblemente vulnerable. Tras el fallecimiento de sus padres, la responsabilidad de su cuidado recayó en Érica Paloma, quien, lejos de brindar apoyo y protección, presuntamente la sometió a maltratos que culminaron con su vida el pasado 29 de abril.

Las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía de Yucatán revelan un panorama desolador. No solo se encontraron evidencias de golpes que le fracturaron las costillas a Lilian, sino que la causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica por estrangulamiento. El estado de desnutrición en el que se encontraba la víctima habla por sí solo del nivel de descuido y negligencia al que estaba sometida.

El caso de Lilian nos conmueve profundamente y nos interpela como sociedad. ¿Cómo es posible que una persona con discapacidad, que requiere de cuidados especiales, termine siendo víctima de la violencia de quien debería protegerla? Este hecho pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención y apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias.

La detención de Érica Paloma “N” es un primer paso hacia la justicia, pero no es suficiente. Es fundamental que se realice una investigación exhaustiva que esclarezca todos los detalles de este terrible suceso y que se aplique todo el peso de la ley a la responsable. Además, este caso debe servir como un llamado de atención para que las autoridades implementen políticas públicas que garanticen la protección y el bienestar de las personas con discapacidad, previniendo situaciones similares en el futuro.

La historia de Lilian no puede quedar en el olvido. Su memoria debe ser un recordatorio constante de la importancia de construir una sociedad más inclusiva y solidaria, donde todas las personas, sin importar su condición, tengan la oportunidad de vivir una vida digna y libre de violencia. Es crucial que promovamos la cultura de la denuncia y que estemos atentos a cualquier signo de maltrato o negligencia hacia las personas con discapacidad en nuestro entorno. Su vida y su bienestar dependen de nuestra responsabilidad y compromiso.

La cifra de cinco mujeres asesinadas en Yucatán en lo que va del año, incluyendo el caso de Lilian, es alarmante y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. Debemos trabajar juntos para erradicar la violencia de género en todas sus formas y crear un entorno seguro para todas las mujeres. La justicia para Lilian y para todas las víctimas de violencia es una demanda social que no podemos ignorar.