La sombra de la corrupción se cierne sobre Ahome. Un manto de incertidumbre y desconfianza envuelve al municipio tras la retirada del fuero al alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros, y al diputado local Genaro García Castro. La madrugada del viernes, tras una tensa sesión a puerta cerrada en el Congreso del Estado, la votación unánime de los 39 legisladores presentes resonó como un trueno en la calma chicha de la política local. La Declaratoria de Procedencia, como una espada de Damocles, pende ahora sobre ambos funcionarios, abriendo la puerta a un proceso judicial que promete sacudir los cimientos del poder en Ahome.

El epicentro de la tormenta se encuentra en un contrato millonario, la friolera de 171 millones de pesos, para el arrendamiento de 126 patrullas destinadas a la Seguridad Pública. Un contrato tejido en las sombras, sin la transparencia que exige la ley, sin la licitación pública obligatoria para un monto de tal magnitud. La Auditoría Superior del Estado (ASE), como un implacable sabueso, olfateó la irregularidad, desenterrando la posible malversación de fondos públicos. La cifra, 14.5 millones de pesos, se clava como una espina en la conciencia colectiva, el precio de un servicio presuntamente no prestado durante el 2024.

La Fiscal General, Claudia Zulema Sánchez Kondo, con la precisión de un cirujano, diseccionó ante el pleno los elementos que conforman la carpeta de investigación. Cada palabra, cada documento, cada prueba presentada, aprieta el cerco sobre los acusados. La sombra del ejercicio indebido del servicio público se alarga, amenazante, sobre Vargas y García, quienes, según la Fiscalía, orquestaron la firma del polémico contrato con la empresa Grinleasing S.A.P.I. de C.V. en diciembre de 2021, con la complicidad del Comité de Adquisiciones del municipio.

En un intento por controlar la narrativa, Vargas Landeros solicitó licencia temporal a su cargo horas antes de la sesión legislativa. Un movimiento estratégico, una jugada calculada para presentarse como víctima, para enfrentar las acusaciones “de frente y sin distracciones”. Sin embargo, la maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, es difícil de detener. El Congreso, impasible, continuó con el proceso.

La voz de Vargas, a través de un video publicado en redes sociales, se alza en un grito de indignación. Denuncia una “persecución política”, un ataque orquestado por aquellos que temen a su liderazgo. Defiende su gestión, la califica de cercana y transparente, y rechaza cualquier acto ilícito. Una defensa vehemente que, sin embargo, deberá probarse ante un juez.

Mientras tanto, María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, reafirma la legalidad del proceso. El Congreso, actuando dentro de sus atribuciones, ha despejado el camino para que las investigaciones avancen sin la interferencia de la política. La suspensión de los funcionarios es una medida necesaria, una garantía de imparcialidad.

Ahome se encuentra en un punto de inflexión. La incertidumbre se palpa en el aire. La sesión de este viernes, en la que se designarán a los sustitutos de Vargas Landeros y García Castro, marcará un nuevo capítulo en la historia del municipio. Un capítulo que se escribirá con la tinta de la justicia, con la esperanza de que la verdad prevalezca y se restaure la confianza en las instituciones. ¿Será este el inicio de una nueva era de transparencia en Ahome? El tiempo, implacable juez, lo dirá.