La sombra de la deportación se extiende por los buzones de Estados Unidos. Una revelación inquietante ha sacudido los cimientos del Servicio Postal, una institución que hasta ahora se asociaba con la entrega de cartas y paquetes, no con la persecución de inmigrantes. El Servicio de Inspección Postal, ese brazo discreto encargado de velar por la integridad del correo, se ha convertido en un actor inesperado en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por la administración Trump.

La noticia, revelada por The Washington Post, ha generado una ola de incertidumbre y preocupación. Según fuentes anónimas y documentos internos, los inspectores postales, esos agentes que tradicionalmente investigaban fraudes y robos de correo, ahora colaboran con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la identificación y localización de inmigrantes indocumentados. Imaginen: la carta que esperas con ansias, el paquete que contiene un regalo para un ser querido, ahora bajo la lupa de una agencia federal con un nuevo objetivo.

Un video publicado por la DEA, muestra a una agente identificada como "Inspector Postal de EE.UU." participando en una redada en un club nocturno de Colorado donde se detuvo a más de cien migrantes sin papeles. Esta imagen, impactante y reveladora, confirma la creciente implicación del USPS en la política migratoria, un terreno que hasta ahora le era ajeno.

La información disponible apunta a que los inspectores postales estarían utilizando recursos como fotografías de correspondencia, datos de rastreo de paquetes, información de tarjetas de crédito utilizadas para envíos y direcciones IP para rastrear a los inmigrantes. Una red invisible tejida con los hilos de nuestra propia correspondencia, una realidad que roza la distopía.

Dentro del propio USPS, el malestar es palpable. Fuentes citadas por el Washington Post hablan de un equipo de inspección "muy, muy nervioso" ante esta nueva responsabilidad. La tradicional misión del Servicio Postal, garantizar la comunicación y el comercio a través del correo, parece difuminarse en un nuevo rol que despierta interrogantes éticos y legales.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, no ha desmentido la información. En una declaración oficial, un alto funcionario ha reafirmado la prioridad del gobierno de asegurar las fronteras y deportar a inmigrantes con antecedentes penales, presentando estas acciones como parte de un compromiso con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Un argumento que, sin embargo, no disipa las dudas sobre la legalidad y la proporcionalidad de estas medidas.

¿Es legítimo utilizar los recursos del Servicio Postal, una institución financiada con fondos públicos, para fines migratorios? ¿Qué garantías existen para proteger la privacidad de la correspondencia en este nuevo contexto? ¿Estamos ante una peligrosa expansión de las funciones de las agencias federales, una blurring of the lines que amenaza nuestras libertades civiles? Estas son las preguntas que resuenan con fuerza ante esta revelación, preguntas que exigen respuestas claras y contundentes.

La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra la inmigración ilegal, firmando nuevas órdenes ejecutivas y presionando a las ciudades que no cooperan con la ley federal. El presidente, a través de su red social Truth Social, ha reiterado su compromiso de "sacar a los criminales del país", un discurso que alimenta el miedo y la división. Pero, ¿a qué precio? ¿A costa de desvirtuar instituciones fundamentales como el Servicio Postal y poner en riesgo la privacidad de todos los ciudadanos?