La aparente victoria de Issabela Camil y Sergio Mayer contra Netflix, tras la orden judicial de retirar escenas de la serie de Luis Miguel, ha desatado una polémica que trasciende el mundo del espectáculo. Lo que a simple vista parece la defensa del derecho a la intimidad, según abogados de la plataforma, esconde una estrategia de extorsión amparada en una interpretación sesgada de la Ley Olimpia. Esta ley, concebida para proteger a las mujeres de la violencia digital, no debería ser utilizada para censurar la ficción, argumentan. La serie, co producida por MGM, propiedad de Amazon, si bien se inspira en la vida real, dramatiza los acontecimientos y no pretende ser un documental. El personaje interpretado por Camila Sodi, insisten, es una creación ficticia y no una representación directa de Issabela Camil. No existe, por tanto, "engaño, simulación ni uso de contenido íntimo real".

La orden judicial, dirigida a Netflix México –entidad legalmente independiente de Netflix Inc., con sede en California– es, además, de imposible cumplimiento. Esta situación revela, a juicio de algunos expertos, una preocupante ignorancia jurídica o, peor aún, una perversidad que ahuyenta la inversión extranjera, justo cuando Netflix anunció una millonaria inversión en México. Se acusa a figuras públicas como Sergio Mayer de utilizar su influencia para presionar a la plataforma, en un acto que, disfrazado de legalidad, atenta contra la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Si bien la Fiscalía General de la República ordenó el retiro de las escenas, Netflix se mantiene firme en su postura, negándose a cumplir la orden. ¿Será este el inicio de una batalla legal que sentará un precedente en la relación entre la ficción y la realidad, y en la aplicación de la Ley Olimpia?

Mientras tanto, en el sector energético, el director de Pemex se encuentra en discretas reuniones con empresas nacionales e internacionales, tanteando el terreno para los nuevos contratos mixtos. La secretaria de Energía, Luz Elena González, muestra una creciente preocupación por el futuro del sector y ha ordenado acelerar la "socialización" de los contratos para atraer la inversión. Se busca conocer el "apetito" de las compañías por esta nueva modalidad permitida por la Reforma Energética. Víctor Rodríguez Padilla tiene la tarea de agilizar los contratos existentes, tanto de servicios como integrales, tanto de crudo como de gas. Sin embargo, las primeras reacciones a los contratos mixtos preliminares apuntan a la necesidad de ajustes en las estimaciones de rentabilidad, considerando la complejidad de los campos, desde los terrestres hasta los de aguas profundas. La incertidumbre también ronda el proceso de adjudicación: ¿será directo y discrecional, o habrá una licitación abierta? Y, en el aire, la pregunta que inquieta a muchos: ¿existirán empresas nacionales favorecidas, como Diavaz, GSMBronco, Grupo México, La Latina, Jaguar, Marinsa, o Cotemar? La reciente salida de Néstor Martínez y el regreso de Ángel Cid a la dirección de Pemex Exploración y Producción añaden otra capa de complejidad al panorama.

En un giro positivo para el turismo, se ha alcanzado un acuerdo entre el gobierno y las principales líneas de cruceros. El "humo blanco" no proviene del Vaticano, sino del Tianguis Turístico de Rosarito, Baja California. La Secretaría de Hacienda ha cedido a la presión de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), aceptando una aplicación gradual del Derecho de No Residente (DNR). El cobro de 21 dólares por turista se implementará en tres años y medio, en lugar de los dos y medio inicialmente previstos. Comenzará con 5 dólares en julio próximo, aumentando progresivamente hasta alcanzar los 21 dólares en noviembre de 2028. Este acuerdo, fruto de la habilidad negociadora de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, evita la cancelación de itinerarios por parte de gigantes como Carnival y Royal Caribbean, y asegura el apoyo al Plan México y al programa Hecho en México.

Finalmente, un duro revés judicial golpea a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), condenada a pagar casi mil setecientos millones de pesos al despacho que representó a AHMSA en un juicio caducado. La Canacintra reclamaba una suma millonaria por honorarios relacionados con la sindicatura de la suspensión de pagos de AHMSA, a pesar de que dichos honorarios ya habían sido pagados. La sentencia, firme e inapelable, pone a la cámara al borde del embargo. Este caso, sin duda, generará repercusiones en el sector industrial y plantea interrogantes sobre la gestión de la Canacintra.