La sombra del Fobaproa continúa extendiéndose sobre México, casi tres décadas después de su implementación. No se trata de una simple anécdota histórica, sino de una herida abierta en las finanzas públicas, una carga que todos los mexicanos seguimos cargando a día de hoy. Pablo Gómez Álvarez, al frente de la UIF, no ha dudado en señalar con el dedo a los responsables y desentrañar las consecuencias de lo que considera un "saqueo legalizado".

Las palabras de Gómez Álvarez resuenan con fuerza, evocando un periodo de profunda crisis económica y social. La imagen de pequeños deudores perdiendo sus patrimonios, mientras los grandes eran rescatados con dinero público, es una cicatriz que aún no ha sanado. La "revolución de las tasas de interés", como la describe el funcionario, fue un tsunami que arrasó con la estabilidad económica de miles de familias, mientras que a los grandes capitales se les tendía un salvavidas.

La crítica de Gómez Álvarez no se limita a la gestión de la crisis, sino que penetra en el corazón mismo del sistema. Acusa a los expresidentes Salinas de Gortari y Zedillo de orquestar un rescate que benefició a una élite a costa del pueblo. Zedillo, quien se presenta como el salvador de la economía mexicana, es retratado por Gómez Álvarez como el "ejecutor" de un plan preconcebido, un plan que sumió al país en una espiral de inflación, carestía y caída del salario real.

La cifra de 550 mil millones de pesos, equivalente al 11% del PIB de la época, nos da una idea de la magnitud del rescate. No fue una simple ayuda, sino una transferencia masiva de recursos públicos al sector privado, una decisión que generó una profunda indignación social y que, según Gómez Álvarez, contribuyó a la histórica derrota del PRI en el año 2000.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el Poder Ejecutivo. Gómez Álvarez también señala la complicidad del PAN, acusándolos de avalar la conversión de la deuda privada en deuda pública. Recuerda cómo, desde el PRD, propuso una alternativa similar a la implementada en Japón y Estados Unidos, una alternativa que permitiría al Estado recuperar la inversión a través de los dividendos. Sin embargo, su propuesta fue ignorada, marginada de un proceso que parecía tener un final predefinido.

La opacidad y las irregularidades también son parte central de la narrativa de Gómez Álvarez. Habla de créditos quirografarios, de préstamos a partes relacionadas, de prácticas que, en su opinión, debieron ser perseguidas penalmente. El Fobaproa, lejos de ser una solución, se convirtió en un mecanismo para sanear las finanzas de los bancos a costa del erario público.

La deuda del Fobaproa, ahora transformada en IPAB, sigue viva. Un billón de pesos, una cifra que aturde y que continúa creciendo a pesar de los pagos constantes. No es una inversión, es un gasto, un lastre que impide el desarrollo y la prosperidad del país. Gómez Álvarez lo califica de inconstitucional, recordando que la deuda pública solo puede contratarse para inversiones productivas.

El llamado final de Pablo Gómez Álvarez a la memoria colectiva es un llamado a la conciencia. Recordar el Fobaproa no es un ejercicio de nostalgia, sino una obligación cívica. Un país que olvida sus errores está condenado a repetirlos. La historia del Fobaproa debe servir como una lección, un recordatorio permanente de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social.