La tragedia que envuelve la muerte del joven Erick de 13 años durante un campamento militar en Morelos ha conmocionado a la sociedad y destapado una serie de inquietantes interrogantes sobre el funcionamiento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. El testimonio de su madre, Érika, quien acusa directamente a los profesores del plantel de propinarle una golpiza fatal a su hijo, es desgarrador y exige una investigación exhaustiva y transparente. No podemos permitir que la voz de una madre que clama justicia sea silenciada. Es imperativo que las autoridades actúen con celeridad y diligencia para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La denuncia de Érika no se limita a un caso aislado. Padres de familia y alumnos han alzado la voz para denunciar un patrón de violencia sistemática dentro de la academia. Se habla de abusos de ejercicio físico, golpes y privación de alimentos, prácticas que, de confirmarse, serían inaceptables en cualquier contexto, y mucho más en un centro educativo que debería velar por el bienestar y la seguridad de sus alumnos. Estas acusaciones pintan un panorama sombrío y preocupante que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades educativas y judiciales.

La presunta falta de permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la aparente carencia de formación militar del personal que administraba el centro educativo añaden otra capa de complejidad al caso. Si se confirma que la academia operaba sin la debida autorización y con personal no calificado, se estarían violando normas fundamentales que ponen en riesgo la integridad de los menores. Es crucial que se investigue a fondo la legalidad del funcionamiento de la academia y se tomen las medidas necesarias para garantizar que este tipo de situaciones no se repitan.

El video publicado por el supuesto director de la academia, Juan Carlos Carrera Saavedra, en el que niega las acusaciones de violencia y muestra capturas de pantalla de conversaciones con la madre de Erick, lejos de aclarar la situación, genera más dudas e incertidumbre. Si bien es comprensible que la institución busque defenderse de las acusaciones, la forma en que lo ha hecho, sin aportar pruebas contundentes y limitándose a negar los hechos, no contribuye a la transparencia que este caso requiere. Además, la mención del apoyo económico brindado a la madre de Erick, si bien puede ser un gesto humanitario, no exime a la academia de su responsabilidad de esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

La justicia para Erick no se limita a encontrar a los responsables directos de su muerte. Implica también una revisión profunda del sistema que permitió que una institución educativa operara presuntamente al margen de la ley y en un ambiente de violencia. Implica garantizar que ningún otro niño sufra las mismas vejaciones y que las instituciones encargadas de velar por su seguridad cumplan con su deber. El clamor de justicia de Érika es un llamado a la sociedad en su conjunto a no olvidar a Erick y a exigir que se haga justicia. No podemos permitir que este caso quede impune.