El régimen actual parece empeñado en reeditar los fantasmas del pasado, en un inquietante déjà vu que nos recuerda los tiempos del autoritarismo que creíamos superados. La inminente elección de personas juzgadoras se presenta como un escenario plagado de irregularidades, una obra teatral montada para consolidar el control absoluto. No podemos ignorar las señales, las alarmas que resuenan con cada movimiento de esta maquinaria política que busca acaparar todos los poderes del Estado. El Poder Legislativo, otrora símbolo de la pluralidad y el debate, se ha transformado en una dócil "oficialía de partes", un eco sumiso de los deseos del Ejecutivo. Asistimos a la aprobación sin chistar de leyes, a veces incluso sin una lectura previa, recordándonos los tiempos oscuros del régimen anterior, cuando la oposición era una mera comparsa.

La reciente reforma en materia de telecomunicaciones, con la extinción del IFT y la devolución del control gubernamental sobre las comunicaciones, es un ejemplo claro de este retroceso. Es un intento descarado de controlar la información, de moldear la percepción de la realidad a conveniencia del régimen. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos? Preguntas que adquieren una nueva y preocupante dimensión en este contexto. No se trata de una simple reestructuración administrativa, sino de una estrategia para silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa nacional.

Y en el centro de esta trama, la elección judicial. Un proceso acelerado, opaco, con la sombra alargada del oficialismo acechando en cada rincón. La presencia de encargados oficialistas reclutando candidaturas, la injerencia del régimen en la promoción y difusión del proceso, todo apunta a una intervención descarada, a una manipulación del sistema para asegurar la captura del Poder Judicial. Se argumenta la necesidad de perfeccionar la institución, pero la prisa, la opacidad y la evidente falta de imparcialidad desmienten este discurso. ¿Perfeccionamiento o control? La ciudadanía no debe dejarse engañar.

La carrera judicial, construida a lo largo de décadas, representa una invaluable reserva de capital humano, un activo que debe ser protegido y fortalecido. Sin embargo, el régimen parece decidido a arrasar con todo, a imponer su propia lógica, ignorando las advertencias, incluso las que provienen de sus propias filas, sobre la presencia de intereses oscuros en el proceso. Esta prisa sospechosa, esta urgencia por tomar el control del Poder Judicial, nos obliga a preguntarnos: ¿a qué intereses realmente sirve esta reforma? ¿Quién se beneficia de este desmantelamiento institucional?

La historia nos enseña que la concentración del poder en unas pocas manos nunca ha traído buenos resultados. La ciudadanía debe estar alerta, recordar quiénes son los que buscan desmantelar las instituciones y construir un régimen a su medida. El tiempo, implacable juez, revelará las verdaderas intenciones y las consecuencias de estas acciones. El futuro de nuestra democracia está en juego.