La corrupción se extiende como una enfermedad silenciosa, carcomiendo las instituciones y traicionando la confianza de la ciudadanía. La reciente revelación del Tercer Informe de Gestión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) nos golpea con la cruda realidad: 580 servidores públicos, las mismas personas encargadas de velar por la justicia y el bienestar común, han sido procesadas penalmente. Imaginen la magnitud del problema, la profundidad de la herida en el tejido social. No hablamos de simples errores administrativos, sino de delitos graves: homicidio doloso, secuestro, extorsión, desaparición forzada, violación, abuso sexual, robo con violencia… la lista es escalofriante y nos deja un sabor amargo en la boca.

Lo más preocupante es que esta red de corrupción no se limita a unos cuantos individuos aislados. La FGJEM ha identificado a 395 servidores públicos implicados en 49 municipios, lo que nos indica una problemática sistémica y profundamente arraigada. Alcaldes, secretarios del ayuntamiento, directores de seguridad pública, integrantes de cabildos, jueces, tesoreros… prácticamente ninguna instancia de gobierno se salva de esta plaga. ¿Cómo podemos confiar en las instituciones cuando quienes las representan se convierten en los principales violadores de la ley?

La "Operación Enjambre", un nombre que evoca una acción coordinada y masiva, ha resultado en la detención de más de 30 servidores públicos en 17 municipios. Entre los casos más sonados se encuentran las exalcaldesas de Amanalco de Becerra y Santo Tomás, así como el alcalde electo de este último municipio. Estos nombres, antes símbolos de autoridad y representación, ahora se asocian a la traición y al abuso de poder. La caída de figuras públicas de este calibre es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega.

Pero la "Operación Enjambre" es solo la punta del iceberg. Las investigaciones se extienden a otras instituciones, incluyendo a la propia Fiscalía, donde 80 funcionarios, entre agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos, han sido procesados. Incluso la Secretaría de Seguridad, encargada de proteger a la ciudadanía, tiene a 68 de sus miembros bajo investigación. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Cómo podemos garantizar la integridad de las instituciones cuando la corrupción se infiltra en todos los niveles?

La magnitud de este problema exige una respuesta contundente y multifacética. No basta con detener a los responsables, es necesario implementar mecanismos de prevención y control que impidan que la corrupción vuelva a enraizarse. Se necesita una reforma profunda del sistema, que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Es un camino largo y difícil, pero es el único camino para recuperar la confianza en las instituciones y construir un futuro más justo y equitativo para todos. El futuro del Estado de México, y del país en general, depende de nuestra capacidad para enfrentar este desafío con valentía y determinación. No podemos permitir que la corrupción siga ganando terreno, debemos unirnos como sociedad y exigir un cambio real y duradero.