La sombra de la duda se cierne sobre el proceso de selección de jueces, ministros y magistrados en México. Once candidaturas, que aspiran a ocupar puestos clave en la impartición de justicia, han sido puestas en tela de juicio por el Laboratorio Electoral, en conjunto con las organizaciones Práctica: Laboratorio para la Democracia, Defensores y Politiklab. La denuncia, presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), apunta a posibles vínculos con organizaciones criminales y denuncias por conductas delictivas que empañan los perfiles de estos aspirantes.

La preocupación central, expresada con vehemencia por Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, radica en el riesgo que estas candidaturas representan para la justicia del país. "No puede haber ninguna candidatura que represente un riesgo para la impartición de justicia", afirmó Espinosa, haciendo eco de la inquietud ciudadana ante la posibilidad de que individuos con cuestionables antecedentes lleguen a ostentar cargos de tan alta responsabilidad. La denuncia se sustenta en una exhaustiva investigación realizada por la Clínica de Litigio del Laboratorio Electoral, junto con las organizaciones aliadas, que ha sacado a la luz información aparentemente omitida durante el proceso de evaluación de los candidatos.

La omisión, según Espinosa, es un factor alarmante en este proceso. Los comités de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargados de evaluar a los aspirantes, habrían fallado en su deber de analizar a fondo los perfiles y verificar la integridad, probidad y principios éticos de cada uno de ellos. "¿Eran personas con integridad y con la ética suficiente para poner la justicia en sus manos?", cuestionó Espinosa, señalando la gravedad de esta presunta negligencia. El trabajo de las organizaciones ha consistido en recabar los elementos que, supuestamente, fueron pasados por alto por los Comités de Evaluación, construyendo así un sólido argumento para la denuncia.

El llamado a la acción no se ha hecho esperar. El Laboratorio Electoral y las organizaciones involucradas han exhortado tanto al INE como al Senado de la República a tomar cartas en el asunto y evitar que personas que representen un peligro para el país lleguen a ocupar puestos en el Poder Judicial. “Creemos que ahora es momento de que actúen para que las personas que lleguen a ser los próximos jueces de este país, sean personas con integridad; sean personas que no tengan ningún tipo de antecedente. Que sean personas realmente intachables”, concluyó Espinosa, en un llamado a la responsabilidad y la transparencia en este crucial proceso de selección. El futuro de la justicia en México pende de una decisión informada y comprometida con la ética y la probidad.