La sombra de la contaminación se cierne nuevamente sobre el nombre de Ternium. El reciente incidente en Nuevo León, con el arroyo La Talaverna teñido de un inquietante naranja fluorescente, nos obliga a preguntarnos: ¿hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de atropellos ambientales? 400 mil litros de cloruro ferroso, una cifra que estremece, vertidos en un cauce vital que atraviesa varios municipios, poniendo en riesgo la salud de miles de personas. Imaginen el impacto: náuseas, vómitos, diarrea, e incluso daños hepáticos y pancreáticos a largo plazo. Y no solo eso, la corrosión de tuberías, el sabor metálico en el agua, las manchas imborrables en la ropa… Una pesadilla cotidiana para quienes dependen de estas fuentes de agua.

Si bien Ternium ha reconocido el daño e iniciado labores de remediación, esto no borra el historial de una empresa que parece actuar con una impunidad alarmante. La clausura temporal de su planta en Xoxtla, Puebla, por la contaminación del río Atoyac, fue un pequeño triunfo, un rayo de esperanza en la lucha contra la destrucción ambiental. Pero ¿es suficiente? ¿Una palmada en la muñeca para una empresa que acapara millones de metros cúbicos de agua al año gracias a sus doce concesiones? La respuesta, lamentablemente, parece obvia.

La historia se repite con la preocupante desaparición de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Aquila, Michoacán. Sus voces, alzadas en defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades, fueron silenciadas tras amenazas públicas por parte de ejecutivos de Ternium. Un caso que aún clama justicia y que nos recuerda el alto precio que pagan quienes se atreven a desafiar el poder de estas corporaciones.

Y qué decir del caso de Karla Castro, la ingeniera víctima de un grave accidente laboral en la planta de Monterrey. Siete años y diez meses de un proceso judicial interminable, obstruido por la complicidad de la empresa con Siemens y un juez que parece más interesado en proteger a los poderosos que en impartir justicia. Una muestra más de la desprotección que sufren los trabajadores frente a la maquinaria implacable de las grandes corporaciones.

La situación es alarmante. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras Ternium continúa operando con una impunidad que roza la complicidad de las altas esferas del poder. La relación de Máximo Vedoya con Marcelo Ebrard, las negociaciones comerciales que se tejen en la sombra, el silencio cómplice que parece rodear a la presidenta… ¿Hasta cuándo permitiremos que los intereses económicos se impongan a la salud de las personas y la protección del medio ambiente?

Es hora de exigir transparencia, de alzar la voz y demandar responsabilidades. El futuro de nuestro planeta, la salud de nuestras comunidades, no pueden seguir siendo negociables. El caso de Ternium es un llamado a la acción, una oportunidad para demostrar que la ciudadanía unida puede poner freno a la impunidad y construir un futuro más justo y sostenible.