La sombra de la corrupción se cierne sobre el Poder Judicial. No es una sorpresa, ni un giro inesperado. Desde el inicio de la reforma, la posibilidad de la infiltración del crimen organizado en la designación de jueces y magistrados era una amenaza latente, una espada de Damocles pendiendo sobre la justicia mexicana. Ahora, la confesión del senador Fernández Noroña, admitiendo la presencia de candidatos con vínculos turbios, confirma los peores temores. Intentar lavarse las manos culpando al INE es una maniobra cobarde. La responsabilidad recae directamente sobre los comités encargados de la selección, quienes debieron ejercer una rigurosa vigilancia. El nombramiento de la presidencia de la SCJN es crucial. Es el rostro visible del sistema, el símbolo de la justicia en México. Las encuestas señalan a Yasmín Esquivel y Hugo Aguilar Ortiz como principales contendientes. Si bien la trayectoria de Aguilar Ortiz es respetable, ¿es suficiente para liderar la transformación del Poder Judicial en este momento histórico? Esquivel, por otro lado, carga con el peso de la impopularidad y el cuestionamiento público. Sin embargo, su larga carrera judicial y su historial de resoluciones, la presentan como una opción que, al menos, ofrece cierta estabilidad. México no necesita una presidencia que arrastre la reforma al fracaso. Es hora de dejar de lado las ideologías y priorizar la capacidad y la experiencia. La decisión que se tome definirá el futuro del Poder Judicial y, en consecuencia, el futuro de la justicia en el país. El éxito de esta reforma, que para muchos se antoja una quimera, depende en gran medida de la idoneidad de quienes la implementen.

La tensión entre México y Estados Unidos se intensifica en el ámbito comercial. La administración Trump, a través de diversas agencias, incluyendo Comercio, la Representación Comercial, el Departamento de Estado, el FBI, la DEA y la CIA, presiona para que México modifique su Ley Aduanera y la homologue con la de Estados Unidos y Canadá. No se trata solo de una cuestión de normas, sino de control. Exigen que los funcionarios mexicanos en la frontera cumplan con rigurosos estándares de capacidad y ética, equiparables a los de sus contrapartes estadounidenses. La creación de despachos aduanales, similar a lo planteado en el TLCAN, busca agilizar el flujo comercial, pero también implica una mayor responsabilidad para los jefes de aduanas de cada nación. La desconfianza persiste. Estados Unidos sigue viendo a las aduanas mexicanas como un punto vulnerable para el ingreso de drogas sintéticas, una preocupación que se ha convertido en un obstáculo para la negociación del T-MEC 2. El futuro del acuerdo comercial depende, en gran medida, de la capacidad de México para convencer a sus vecinos del norte de la solidez y confiabilidad de sus controles aduaneros.

El deterioro del sistema de salud pública en México ha llevado a un incremento alarmante del gasto de bolsillo. Con la mitad de la población sin acceso a servicios privados y una creciente desconfianza en la calidad de la atención médica disponible, los consultorios contiguos a farmacias se han convertido en la opción para muchos. Ante la crisis que enfrentan instituciones como el IMSS, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE, surgen iniciativas como Más Salud, un modelo innovador impulsado por Grupo Salinas en alianza con el gobierno de India. A través de la telemedicina asistida, se busca ofrecer consultas médicas generales y especializadas, estudios con resultados inmediatos y la posibilidad de surtir recetas en el mismo lugar. Este modelo, que promete diagnósticos en tan solo 15 minutos, representa una alternativa ante la saturación y las deficiencias del sistema público. Sin embargo, queda por ver si esta iniciativa logra realmente democratizar el acceso a la salud de calidad o si se convierte en una opción solo para aquellos que pueden pagarla.

La reelección de Alejandro Martínez Araiza al frente del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) reafirma el control familiar que se ha mantenido por casi seis décadas. Sin embargo, más allá de la dinastía sindical, lo que preocupa es el manejo opaco de las cuotas. Un gasto exorbitante en telefonía celular, que representa un porcentaje desproporcionado del presupuesto sindical, levanta sospechas sobre posibles irregularidades. Con ingresos anuales que rondan los 80 millones de pesos, ¿cómo se justifica un gasto de 203 millones en telefonía en un periodo de cinco años? La discrecionalidad en el manejo de los recursos exige una investigación exhaustiva que esclarezca el destino de las cuotas sindicales y garantice la transparencia en la gestión del SNAC.

La CNBV mantiene su escrutinio sobre Te Creemos y CAME, dos sociedades financieras populares que recientemente anunciaron su intención de entrar en concurso mercantil. La intervención de un juez, a petición de los accionistas minoritarios, suspende temporalmente las resoluciones adoptadas, abriendo un nuevo capítulo en la saga de estas instituciones. La CNBV investiga posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y mecanismos que benefician a los accionistas mayoritarios en detrimento de los ahorradores. La sombra de la corrupción se extiende también al sector financiero popular, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los ahorradores ante prácticas fraudulentas. La intervención de la CNBV es crucial para proteger los intereses de los miles de mexicanos que confiaron sus ahorros a estas instituciones y para sancionar a los responsables de cualquier irregularidad.