La tragedia ocurrida en Ciudad Juárez el pasado marzo, donde un incendio en una estación migratoria arrebató la vida a 40 migrantes, continúa generando interrogantes y exige respuestas. Si bien la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ha abierto la posibilidad de presentar un informe gubernamental detallando las responsabilidades y resoluciones derivadas de la investigación, la incertidumbre persiste. La afirmación de que la administración local carece de atribuciones para aplicar sanciones, delegando la responsabilidad a la Fiscalía, abre un debate crucial sobre la rendición de cuentas y la necesidad de una transparencia total.

¿Es suficiente con un informe? ¿Qué garantías existen de que dicho informe abordará todas las dimensiones de la tragedia, desde las fallas en los protocolos de seguridad hasta las posibles negligencias que condujeron al fatal desenlace? La sociedad exige, con toda razón, una investigación exhaustiva y consecuencias reales para los responsables. No basta con señalar culpables, es imperativo implementar medidas que eviten que una tragedia similar se repita.

El relevo en la titularidad del Instituto Nacional de Migración, con la salida de Francisco Garduño y el nombramiento de Sergio Salomón Céspedes, lejos de cerrar el capítulo, añade nuevas preguntas. ¿Qué implicaciones tendrá este cambio en la investigación en curso? ¿Garantizará el nuevo titular una colaboración plena con la Fiscalía y un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia?

La suspensión condicional del proceso penal contra Garduño, cuestionada por organizaciones acompañantes y víctimas, plantea serias dudas sobre el acceso a la justicia y la reparación del daño. ¿Cómo se puede hablar de justicia cuando las víctimas y sus familias sienten que sus voces no son escuchadas y sus demandas ignoradas? Es fundamental que el nuevo informe aborde estas inconformidades y ofrezca respuestas claras y contundentes.

Más allá de las responsabilidades individuales, esta tragedia nos obliga a reflexionar sobre la política migratoria en su conjunto. ¿Estamos haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas migrantes que transitan por nuestro país? ¿Contamos con las infraestructuras y los protocolos adecuados para brindarles una atención digna y respetuosa de sus derechos humanos? La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa.

La presentación del informe gubernamental es un paso importante, pero no el único. Es necesario un diálogo nacional que involucre a todos los actores –gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales– para construir una política migratoria más humana, justa y eficaz. Un diálogo que nos permita aprender de los errores del pasado y prevenir futuras tragedias. El recuerdo de las 40 víctimas del incendio en Ciudad Juárez debe servir como un llamado a la acción y a la reflexión profunda. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación del daño son imperativos éticos que no podemos ignorar.