La escasez de agua es una realidad que golpea con fuerza a diversas regiones de nuestro país, y en la búsqueda de soluciones, la revisión de los títulos de concesión de agua se ha convertido en un punto crucial. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha denunciado una situación alarmante: la existencia de políticos y empresarios en zonas con escasez que, amparados en antiguos privilegios, poseen lagunas, lagos e incluso presas en propiedades privadas. Imaginen la magnitud de la inequidad: mientras comunidades enteras luchan por acceder a este recurso vital, algunos pocos disfrutan de él en exceso, regando campos de golf o llenando piscinas olímpicas. "Se acabaron los privilegios", afirma con contundencia la presidenta, marcando un cambio de rumbo en la gestión del agua.

Esta revisión minuciosa de los títulos de concesión, especialmente en las zonas más afectadas por la escasez, busca sacar a la luz estas prácticas que durante años han perpetuado la desigualdad en el acceso al agua. No se trata de una cacería de brujas, sino de un acto de justicia social, de garantizar que el agua, un bien público esencial para la vida, se utilice de manera responsable y equitativa. La presidenta Sheinbaum Pardo ha sido clara: se recuperarán las concesiones otorgadas de manera irregular, en el marco de la ley y con pleno respeto al Estado de Derecho. Es un mensaje claro para quienes se han beneficiado de un sistema que favorecía a unos pocos en detrimento de la mayoría.

Efraín Morales López, director general de la CONAGUA, ha detallado el exhaustivo trabajo que se está realizando en la revisión de los títulos de concesión. Con una base de datos de alrededor de 260 mil títulos verificados, se está llevando a cabo un análisis profundo para detectar irregularidades y tomar las medidas necesarias. No se trata solo de imponer sanciones, sino de implementar un programa integral que ordene el sistema de concesiones, promoviendo la regularización y combatiendo la extracción ilegal. Este enfoque integral es fundamental para asegurar la sostenibilidad del recurso hídrico y garantizar el acceso al agua para las futuras generaciones.

La transparencia en este proceso es esencial. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los titulares de las concesiones, cuánta agua se les otorga y para qué fines se utiliza. La información clara y accesible es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y fomentar la participación ciudadana en la gestión del agua. Es un paso fundamental hacia un modelo de gestión más justo, equitativo y sostenible. El agua es un derecho humano, y es responsabilidad de todos protegerla y asegurar su acceso para todos, sin privilegios ni excepciones. El camino hacia una gestión justa y equitativa del agua no es sencillo, pero es un camino que debemos recorrer juntos, con la convicción de que un futuro sostenible es posible. La revisión de las concesiones es un primer paso, un paso firme hacia un futuro donde el agua sea un bien común, al alcance de todos.