La sombra del turismo sexual infantil se cierne sobre plataformas de alojamiento como Airbnb, una realidad que ha llevado a los diputados federales a tomar medidas contundentes. Con una votación unánime, 451 votos a favor, se ha aprobado una iniciativa que busca reforzar la seguridad de los menores y combatir esta lacra que afecta a miles de niños en México. La nueva legislación introduce la obligación de verificar la mayoría de edad de los huéspedes y, en caso de viajar con menores, acreditar el parentesco o la tutela legal. Esta medida, sin precedentes, busca poner freno a la impunidad con la que operan las redes de explotación sexual infantil, que se aprovechan de la facilidad de acceso y la discreción que ofrecen plataformas como Airbnb.

La diputada Rocío Abreu, impulsora de esta iniciativa, ha denunciado la creciente incidencia de casos de turismo sexual infantil en este tipo de alojamientos. Sus palabras resuenan con la crudeza de las cifras: 17 mil menores explotados sexualmente en México, según datos del DIF nacional. Un drama que se extiende por 22 estados de la República, atrapando a más de 16 mil niñas y niños en las garras de la prostitución, principalmente en destinos turísticos. La imagen de playas paradisíacas se ve empañada por esta terrible realidad, un contraste que exige una respuesta firme e inmediata.

La REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, ha arrojado luz sobre el origen de esta demanda perversa. Un 36% de los clientes proviene de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda y Alemania. Turistas que buscan saciar sus instintos más bajos, aprovechando la vulnerabilidad de los menores y la falta de control en algunos destinos. La impunidad, lamentablemente, se convierte en un cómplice silencioso. De cada 100 carpetas de investigación abiertas por delitos contra menores, solo una llega a sentencia condenatoria. Un dato alarmante que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de justicia y protección.

Destinos turísticos como Puerto Vallarta, en Jalisco, y el estado de Quintana Roo, han sido pioneros en la lucha contra este delito. Ya se han implementado medidas para exigir a Airbnb un registro que permita verificar el parentesco entre los huéspedes y los menores que los acompañan. Las sanciones por incumplimiento son contundentes: multas que van desde los 12 mil hasta los 105 mil pesos, además de la posibilidad de perder el registro como inmueble de alojamiento. Un mensaje claro para quienes pretenden utilizar estas plataformas para fines ilícitos.

La aprobación de esta iniciativa es un paso crucial en la protección de la infancia. Sin embargo, es fundamental que se acompañe de una estrategia integral que incluya la capacitación del personal de las plataformas, la colaboración con las autoridades locales e internacionales, y la sensibilización de la sociedad en su conjunto. Solo así podremos construir un futuro donde los niños estén a salvo de la explotación y el abuso. El turismo debe ser una fuente de desarrollo y bienestar, no un escenario de horror para los más vulnerables.