La incertidumbre se cierne sobre la comunidad Ikoots de Santa María del Mar, en Juchitán, Oaxaca. A pesar de la promesa de un futuro más brillante con la llegada de la Granja Solar en 2022, la realidad se presenta sombría y llena de contradicciones. Los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegan con cifras exorbitantes, golpeando los bolsillos de familias que, irónicamente, sufren un suministro eléctrico deficiente. La promesa de un 80% de cobertura desde septiembre pasado se desvanece en la oscuridad de las noches sin electricidad, mientras que los cobros parecen aumentar en proporción inversa a la estabilidad del servicio.

Aislados por un conflicto agrario que data de hace 14 años, los habitantes de Santa María del Mar se enfrentan a la adversidad con la resiliencia que caracteriza a los pueblos originarios. El camino terrestre, bloqueado por sus vecinos de San Mateo del Mar en una disputa por tierras, los obliga a navegar las aguas como único medio de conexión con Juchitán. El acceso al agua potable, otro servicio fundamental, también fue interrumpido, agravando la precariedad de su situación. La Granja Solar, financiada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se presentaba como un faro de esperanza, una luz al final del túnel. Sin embargo, la intermitencia del servicio y los cobros desproporcionados han sembrado la desconfianza y la indignación entre los habitantes.

El testimonio de Ángel Toledo, agente municipal de la comunidad, revela la magnitud del problema. Familias que apenas cuentan con aparatos electrónicos, que viven con austeridad, se enfrentan a recibos que alcanzan los 15 mil pesos. La imagen de una señora sola, con un hogar humilde, recibiendo una factura de tal magnitud, es un reflejo de la injusticia que se vive en Santa María del Mar. ¿Cómo es posible que se cobren tarifas tan elevadas por un servicio que no se presta de manera continua y eficiente? ¿Dónde queda la promesa de un futuro energético sostenible y accesible para las comunidades indígenas?

La situación exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes. Es necesario investigar a fondo las causas de la inestabilidad del suministro eléctrico y revisar los criterios de facturación de la CFE en esta comunidad. La transparencia en los procesos y la justicia en los cobros son fundamentales para garantizar el bienestar de los habitantes de Santa María del Mar. No se puede permitir que la promesa de un futuro mejor se convierta en una pesadilla de deudas impagables.

La lucha de los Ikoots de Santa María del Mar es un recordatorio de la deuda histórica que el país tiene con los pueblos originarios. Su resistencia ante la adversidad, su perseverancia en la defensa de sus derechos, nos inspira a exigir un trato justo y equitativo para todas las comunidades. El acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua potable no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado sin discriminación. Es hora de que las voces de Santa María del Mar sean escuchadas y que se tomen las medidas necesarias para asegurar un futuro digno y próspero para su gente.