La sombra de la censura se cierne sobre México. La propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que avanza sigilosamente en el Senado, no es un paso hacia la modernización, sino un salto al vacío del control y la represión. Bajo el pretexto de protegernos de la propaganda extranjera, se teje una red que amenaza con silenciar cualquier voz disidente. Imaginen un futuro donde el gobierno, amparado en leyes ambiguas y sin control judicial, pueda bloquear redes sociales, páginas web y plataformas digitales a su antojo. ¿Suena a distopía? Lamentablemente, es la realidad que nos acecha.

El artículo 109 de esta ley otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) un poder desmedido: la capacidad de censurar sin justificación real, sin el debido proceso, sin la supervisión de un juez. ¿Quién decide qué es propaganda extranjera y qué es información vital? ¿Quién define los límites de la "seguridad nacional" que justificaría este atropello? La respuesta es escalofriante: el gobierno en turno.

Este no es un simple debate sobre telecomunicaciones, es una lucha por la libertad de expresión, el pilar fundamental de cualquier democracia. Se nos quiere amordazar con la excusa de protegernos, se nos quiere vigilar con la promesa de seguridad. Pero la verdadera seguridad reside en la transparencia, en el debate público, en la posibilidad de expresar nuestras ideas sin temor a represalias.

La entrega de nuestros datos personales a las autoridades de seguridad, sin control ni supervisión, como lo plantea el artículo 160, es otro golpe a nuestra privacidad. Nuestros mensajes, llamadas, ubicación, todo queda a merced del poder, expuesto a posibles abusos y manipulaciones. ¿En qué momento consentimos convertirnos en ciudadanos vigilados, controlados, silenciados?

La neutralidad de la red, un principio fundamental para un internet libre y accesible, también se ve amenazada por esta ley. El artículo 107 elimina garantías clave para la libre elección y la privacidad, abriendo la puerta a un internet fragmentado, controlado por intereses políticos y económicos. ¿Queremos un internet donde el acceso a la información esté condicionado por el gobierno? ¿Queremos un futuro donde la libertad de navegar sea un privilegio y no un derecho?

Organizaciones como R3D y la International Chamber of Commerce México han alzado la voz, advirtiendo sobre las graves implicaciones de esta ley. No se trata de un simple desacuerdo político, es una alerta ante un peligro real e inminente. La libertad de expresión no es negociable, no es una concesión del gobierno, es un derecho inalienable que debemos defender con todas nuestras fuerzas.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se construye un sistema de vigilancia y control. La solución no es posponer la discusión, es rechazar categóricamente esta ley y construir una alternativa que realmente modernice las telecomunicaciones sin sacrificar nuestras libertades.

Necesitamos un parlamento abierto, con la participación de expertos, medios de comunicación, empresas y ciudadanos, para crear una ley que beneficie a todos, no solo a unos cuantos. Necesitamos garantías claras y supervisión judicial para cualquier regulación de plataformas digitales, asegurando que la libertad de expresión no sea vulnerada. Necesitamos preservar la autonomía del IFT, un organismo independiente y técnico que ha sido fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones en México.

El fantasma de Belisario Domínguez, silenciado por alzar la voz contra la injusticia, nos recuerda la importancia de defender nuestros derechos. No permitamos que la historia se repita. Levantemos la voz, defendamos nuestra libertad, defendamos nuestro futuro. El silencio nos hace cómplices. La acción nos hace libres.