La inclusión de México en la Lista de Vigilancia Prioritaria del gobierno estadounidense por temas de propiedad intelectual ha generado una onda expansiva en el panorama comercial y político entre ambas naciones. Más allá de la fría terminología legal, esta decisión pone de manifiesto la compleja relación bilateral y la necesidad de una profunda reflexión sobre las políticas de protección de la creatividad y la innovación en México. No se trata simplemente de un asunto de marcas y patentes, sino del futuro mismo de la industria nacional y su capacidad para competir en un mercado global cada vez más exigente.

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) ha sido clara al expresar sus "importantes y persistentes preocupaciones". La mención específica al T-MEC como marco de referencia subraya la gravedad del asunto. No se trata de una simple discrepancia, sino de un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en un tratado de libre comercio de vital importancia para la economía mexicana. Esto nos obliga a cuestionarnos: ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger la propiedad intelectual? ¿Se están implementando las medidas necesarias con la eficacia requerida? La respuesta, a la luz del informe de la USTR, parece ser negativa.

La preocupación de la USTR abarca un amplio espectro, desde la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, hasta la protección de productos farmacéuticos y las obtenciones vegetales. Esto refleja una falla sistémica que afecta a diversos sectores de la economía mexicana, poniendo en riesgo no solo la inversión extranjera, sino también el desarrollo de la industria nacional. La piratería y la falsificación no solo perjudican a las empresas titulares de los derechos, sino que también socavan la confianza del consumidor y generan un ambiente de competencia desleal.

La respuesta de la Secretaría de Economía, haciendo referencia a la Operación Limpieza, busca tranquilizar a los socios comerciales y demostrar el compromiso del gobierno con la protección de la propiedad intelectual. Sin embargo, la inclusión en la Lista de Vigilancia Prioritaria sugiere que estas acciones no han sido suficientes o no han logrado el impacto deseado. Es crucial ir más allá de las declaraciones y implementar medidas concretas y verificables que demuestren un compromiso real con la protección de la propiedad intelectual.

La situación actual exige una profunda revisión de las estrategias y mecanismos de protección de la propiedad intelectual en México. No basta con realizar operativos aislados, se requiere una estrategia integral que involucre a todos los actores: gobierno, empresas, consumidores y academia. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la aplicación de la ley, simplificar los procesos de registro de marcas y patentes, y promover una cultura de respeto a la propiedad intelectual desde la educación básica.

La inclusión en la Lista de Vigilancia Prioritaria no es una simple advertencia, es una llamada de atención que nos obliga a actuar con decisión y rapidez. El futuro de la industria mexicana, su capacidad para innovar y competir en el mercado global, depende en gran medida de nuestra capacidad para garantizar un entorno de respeto y protección a la propiedad intelectual. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y demostrar con acciones concretas nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo económico. La inacción no es una opción.