La revelación de las cifras reales de secuestro en 2019 ha desatado una tormenta política. La admisión, proveniente de la propia presidencia en su Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, contradice flagrantemente los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y pinta un panorama mucho más sombrío de lo que se había presentado durante la administración anterior. La discrepancia es abismal: 12,505 secuestros según la nueva estrategia, contra apenas 1,330 reportados por el SNSP en su momento. Este ajuste, presentado como evidencia de la efectividad de la nueva estrategia, ha levantado serias dudas sobre la veracidad de las cifras previas y la transparencia en el manejo de la información.

El análisis detallado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente el apartado 4.1 sobre la incidencia de delitos de alto impacto, revela la magnitud de la discrepancia. La afirmación de una disminución del 97.3% en los secuestros entre 2019 y enero de 2025 se basa en una cifra inicial inflada, generando una percepción distorsionada de la realidad. La comparación con los datos del SNSP, tanto en carpetas de investigación como en número de víctimas, desmiente categóricamente las cifras presentadas en la estrategia. Esta incongruencia no solo cuestiona la validez del diagnóstico, sino que también pone en entredicho la credibilidad de toda la estrategia de seguridad.

La aprobación del Senado, sin una revisión exhaustiva de los datos, añade otra capa de complejidad al asunto. La Comisión de Seguridad Pública, aparentemente, no detectó la discrepancia entre las cifras presentadas por la presidencia y las del SNSP, dando luz verde a un documento oficial que contiene información errónea. Este descuido, o quizás omisión, ha generado críticas sobre el rigor del proceso legislativo y la capacidad del Senado para fiscalizar las políticas del ejecutivo. La validación de estas cifras, ahora parte del "Decreto", consolida una versión oficial distorsionada de la realidad del secuestro en el país.

Más allá del debate sobre las cifras, la revelación tiene implicaciones políticas significativas. El expresidente López Obrador había pregonado una disminución histórica en los secuestros durante su mandato. Las cifras ahora reveladas contradicen esa narrativa y lo colocan en una posición vulnerable ante las críticas de la oposición y la opinión pública. La coincidencia con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, que estimaba una cifra negra considerable en los casos de secuestro, refuerza la idea de una subestimación deliberada del problema durante la administración anterior.

Finalmente, la comparación con las cifras de extorsión del SNSP añade otra dimensión a la controversia. Si la cifra de secuestros presentada en la Estrategia Nacional de Seguridad es correcta, implicaría que en 2019 hubo más secuestros que extorsiones, un escenario poco probable y que contradice las tendencias históricas. Este dato adicional refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad detrás de estas cifras y restablecer la confianza en la información oficial sobre seguridad. La pregunta que queda en el aire es: ¿se trata de un error genuino o de una manipulación deliberada de las cifras? La respuesta, sin duda, tendrá un impacto profundo en el debate sobre la seguridad en México.