La inclusión de Hugo Aguilar Ortiz en la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una simple cuota, sino una oportunidad histórica para tejer los hilos rotos de la justicia en México. Su voz, que resuena desde la Mixteca Alta de Oaxaca, lleva consigo el eco de generaciones que han sido silenciadas y marginadas del sistema judicial. No se trata solo de un candidato, sino de la encarnación de una lucha por el reconocimiento y la dignidad de los pueblos originarios. Su número en la boleta, el 34, adquiere un significado trascendental al ser pronunciado en mixteco, un acto simbólico que nos recuerda la riqueza lingüística y cultural de nuestro país, y la necesidad de nombrar las cosas desde la raíz, desde la propia identidad.

Aguilar Ortiz, con una trayectoria de más de tres décadas defendiendo los derechos indígenas, no solo conoce la teoría, sino que ha vivido en carne propia la exclusión histórica de estos pueblos del acceso a una justicia real. Su testimonio es un llamado a la reflexión sobre un sistema que, desde la época colonial, ha negado la humanidad de los pueblos originarios, tratándolos como objetos o animales. Para él, la justicia no se construye con migajas, sino con la plena participación y el reconocimiento de la dignidad inherente a cada persona y cada comunidad. No se trata de dar lo que sobra, sino de compartir la mesa en igualdad de condiciones.

Su visión es clara: la Suprema Corte debe reconocer a los pueblos originarios como entidades colectivas con capacidad de decisión, no como entes pasivos sujetos a un marco jurídico ajeno a su realidad. Se requiere una transformación profunda que respete la especificidad cultural de cada comunidad, que entienda que la justicia no puede ser una camisa de fuerza que ignore la diversidad y la riqueza de las tradiciones.

Ante problemáticas complejas como los matrimonios forzados con menores, Aguilar Ortiz no propone la erradicación de la cultura, sino la erradicación de las distorsiones que se han generado en contextos de pobreza y violencia. Reconoce la función social original de prácticas como la dote, pero subraya la importancia de distinguir entre tradición y perversión. Para él, el artículo 2 constitucional ya establece los límites: los derechos indígenas deben ejercerse sin vulnerar los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.

El tema agrario es otro punto crucial en su discurso. Aguilar Ortiz denuncia cómo la reforma al artículo 27 de 1992 abrió las puertas al despojo sistemático de tierras comunales bajo el falso pretexto de la modernización. Se debilitó la función social de la tierra, entregándola a intereses privados en detrimento de las comunidades. Su propuesta es clara: devolver a la tierra su carácter social y permitir que las comunidades desarrollen sus propios proyectos, como parques eólicos o forestales, sin ser excluidas por criterios económicos o técnicos que solo benefician a grandes empresas.

Para Aguilar Ortiz, propiedad comunal y desarrollo no son conceptos antagónicos. Al contrario, cita ejemplos en Oaxaca y Durango donde el aprovechamiento sustentable de recursos, como la madera, ha generado beneficios colectivos. La clave está en la armonía entre identidad y desarrollo, en la posibilidad de que las comunidades participen en la vida económica del país sin renunciar a su esencia.

La candidatura de Hugo Aguilar Ortiz no es una apuesta individual, sino una apuesta colectiva por un México más justo, democrático y en paz. No busca un lugar para sí mismo, sino para los pueblos que representa, con la convicción de que la construcción de una sociedad mejor es una tarea que nos corresponde a todos. Su voz, resonando desde la Suprema Corte, podría ser el catalizador de un cambio profundo en el sistema de justicia, un cambio que reconozca la pluralidad y la riqueza cultural de México, y que garantice el acceso a una justicia real para todos, sin exclusiones ni discriminaciones.