La incertidumbre se cierne sobre el futuro de más de mil doscientos trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El Presidente del organismo, Javier Juárez Mojica, ha lanzado un llamado urgente a la Cámara de Diputados para obtener los recursos necesarios que garanticen la indemnización justa de estos empleados ante la inminente extinción del IFT. La preocupación es palpable, ya que, según Mojica, el Instituto no cuenta con los fondos suficientes para cumplir con lo estipulado en la Constitución y la reforma administrativa que decreta la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos, el IFT. Este escenario plantea un dilema crucial: ¿cómo asegurar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores si no se cuenta con el presupuesto necesario para liquidarlos conforme a la ley? La petición del Presidente del IFT es clara y concisa: se requieren recursos para hacer realidad la promesa constitucional de proteger los derechos de los trabajadores.

La situación se torna aún más compleja al analizar la generación de ingresos del IFT. A pesar de haber superado las proyecciones de recaudación en más de mil millones de pesos durante el primer trimestre del 2025, estos recursos no parecen ser suficientes para afrontar la indemnización de los empleados. Juárez Mojica detalló que, si bien la Ley de Ingresos para 2025 estimaba una recaudación de 17.7 mil millones de pesos por el uso del espectro radioeléctrico, el IFT logró recaudar 18.8 mil millones de pesos en el primer trimestre, superando la meta. Sin embargo, este superávit no soluciona el problema de fondo: la falta de recursos específicos para liquidar al personal. La pregunta que surge es: ¿a dónde se destinaron estos recursos excedentes si no se contemplaron para la indemnización de los trabajadores en el proceso de extinción del organismo? ¿Existe la posibilidad de reasignar parte de estos fondos para asegurar el cumplimiento de la ley?

El llamado de Juárez Mojica a los diputados no solo pone de manifiesto la urgencia de la situación, sino que también subraya la importancia del IFT en la recaudación de recursos para el Estado Mexicano. El hecho de haber superado las proyecciones de ingresos demuestra la eficiencia del organismo en la gestión del espectro radioeléctrico, un recurso estratégico para el país. Esta eficiencia contrasta con la aparente falta de previsión en cuanto a la liquidación de los trabajadores, lo que genera interrogantes sobre la planificación del proceso de extinción del IFT. ¿Se subestimó el costo de la indemnización? ¿Se consideraron otras alternativas antes de recurrir a la solicitud de recursos adicionales?

La sombra de la incertidumbre se alarga aún más al considerar que el IFT no cuenta con recursos para sostener la nómina más allá de la primera mitad de julio. A esto se suma la presión impuesta por la ley propuesta por el Ejecutivo Federal, que establece plazos mínimos para la entrega de la estructura y recursos del IFT a la Federación. Además, los trabajadores y comisionados están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, así como a entregar las actas administrativas de entrega-recepción, lo que añade complejidad al proceso. Este escenario plantea un desafío considerable para los trabajadores, quienes se enfrentan a la inminente pérdida de sus empleos en un contexto de incertidumbre financiera. ¿Qué medidas se tomarán para asegurar la transición laboral de estos profesionales? ¿Se les brindará apoyo para su reinserción en el mercado laboral? El futuro del IFT y de sus trabajadores pende de un hilo, y la resolución de esta situación requiere de una acción inmediata y responsable por parte de las autoridades.